A LOS 30,000 empleados del Gobierno central que serían despedidos se podrían sumar los trabajadores municipales de decenas de municipios que verán reducida la partida que anualmente reciben del Fondo General.
De acuerdo con el representante popular Jaime Perelló, la Ley 7 -el estatuto que contiene el plan de retiro incentivado, la reducción de jornada voluntaria y los despidos- reduce en más de $25 millones la cantidad que reciben 40 municipios cuyos presupuestos dependen en menos de la mitad del Fondo General.
“A cualquier municipio que se vea afectado por esta nueva fórmula y que le resten $600,000 a su presupuesto puede significar que será necesario despedir alrededor de 20 a 25 empleados por municipio”, puntualizó Perelló.
Los pueblos que dependen en más de un 50% de esos fondos recibirán la misma cantidad otorgada en el año fiscal 2007-2008.
“Cuando (el gobernador Luis) Fortuño aprueba la Ley 7 establece una serie de mecanismos para levantar la economía a nivel nacional, pero se olvida que hay unas economías locales que han sobrevivido mejor que el Gobierno la crisis”, señaló Perelló en entrevista con El Nuevo Día.
El legislador agregó que, aunque hay municipios que recibirán lo mismo que lograron este año, tampoco se beneficiarán de los ingresos que obtendrá el Estado por concepto de impuestos a los cigarrillos y las bebidas alcohólicas.
“Cuando (el gobernador Luis) Fortuño aprueba la Ley 7 establece una serie de mecanismos para levantar la economía a nivel nacional, pero se olvida que hay unas economías locales que han sobrevivido mejor que el Gobierno la crisis”, señaló Perelló en entrevista con El Nuevo Día.
El legislador agregó que, aunque hay municipios que recibirán lo mismo que lograron este año, tampoco se beneficiarán de los ingresos que obtendrá el Estado por concepto de impuestos a los cigarrillos y las bebidas alcohólicas.
Pero los cambios en las aportaciones del Fondo General no es lo único que afectará las finanzas municipales. Según Perelló, el estatuto cambia los procesos de tasación de la propiedad inmueble, impone restricciones para aumentar el porcentaje de la contribución por cuatro años y duplica lo que tienen que pagar los ciudadanos al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
“Al incrementarle al doble la responsabilidad contributiva de sus hogares va a propiciar que las personas, en vez de realizar el pago que normalmente realizaban con sacrificio, ahora opten por no realizar pago alguno”, explicó.
El representante también mostró preocupación por la moratoria de tres años en la concesión de créditos contributivos para la revitalización de centros urbanos.
“Esto va a provocar que aquellos inversionistas privados que tenían contemplado realizar inversiones sustanciales en los cascos urbanos ahora no las realicen, deteniendo la actividad económica que tanta falta hace para que despunte nuevamente la economía”, sostuvo.
No obstante, indicó que el presupuesto presentado por el Primer Ejecutivo contiene una partida de $26 millones para atender necesidades en los municipios.
“Es urgente que la Legislatura ponga nombra y apellido (a esas necesidades) de manera que
garanticemos que (ese dinero) sea utilizado para atender la merma en los subsidios que los municipios van a sufrir a tenor con ciertas disposiciones de la Ley 7”, indicó.
Fuente: El Nuevo Día (7 de mayo de 2009)
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