AAV: Blog sobre "Controlled Foreign Corporations"

Saludos,
Como sabes, siempre leo todos los mensajes y notas que me escriben en mi página de Facebook y a través del Internet. Al igual que tu, tengo mucha preocupación con la situación económica y social que atraviesa el país y mayor preocupación aún por lo que vamos a tener que enfrentar como pueblo en el futuro inmediato. Hay un asunto que apenas se ha discutido públicamente que podría ser una amenaza adicional para nuestro futuro.

Me refiero a la propuesta del Presidente Obama para cambiar las reglas de contribuciones a las corporaciones norteamericanas que hacen negocios fuera de los Estados Unidos. Por su posible impacto sobre Puerto Rico, fue algo sobre lo que conversé informalmente con importantes miembros del Congreso de los Estados Unidos en mi reciente visita a Washington DC.Una de las razones principales por la cual hay tantas farmacéuticas y otro tipo de industrias en Puerto Rico es porque nuestra isla es un Estado Libre Asociado en el que no se pagan contribuciones federales. Para propósitos de taxes esas compañías operan aquí igual que lo hacen en Irlanda o Singapur; con unos beneficios contributivos que no tendrían si operaran en alguno de los 50 estados. Esas compañías son lo que se conoce como Controlled Foreing Corporations o CFC.

El Presidente Obama y muchos congresistas entienden -en parte con razón- que esas corporaciones no deberían tener ese tipo de beneficios. Pero si hace el cambio propuesto, miles de empleos en Puerto Rico podrían perderse, aun cuando esa no sea la intención. Todos sabemos que la eliminación de la Sección 936 del Código Federal de Rentas Internas costó más de 30 mil empleos que se perdieron. La nueva propuesta podría tener un efecto igual o hasta peor.

En mi visita a Washington descubrí -para mi asombro- que nadie, ni en la Casa Blanca ni en el Congreso, se había planteado el posible daño que esto podría ocasionar a nuestra economía. Peor aún, nadie se había acercado a ellos para advertirles de este peligro. El asunto es tan serio que el presidente de una de esas compañías se reunió la semana pasada en Nueva York con el Gobernador Fortuño para pedirle su apoyo para defender esas inversiones en la isla. Aunque el gobernador expresó públicamente su apoyo, este es un asunto en el cual hay que actuar con rapidez y firmeza. Por la seriedad de lo que está en juego he decidido compartir esta reflexión con ustedes.

El problema para algunos sectores en la presente administración es que esa ventaja que tenemos hoy día -que esas corporaciones americanas pueden hacer negocios y crear empleos en la Isla con un tratamiento contributivo más favorable al que se tiene en los estados- es algo que se perdería bajo la estadidad. De ahí mi preocupación de que no vayamos a presenciar la película 936-Part Two: una administración estadista que ponga su ideología por encima de los empleos de miles de puertorriqueños.Ya esta misma semana pasada, a la vez que el Gobernador expresaba que defendería los beneficios existentes, un conocido economista estadista y asesor de la actual administración, escribió una columna en un periódico abogando porque se respalde la propuesta de Obama sin pedir ninguna excepción para Puerto Rico.

Y, ayer salieron publicadas unas expresiones confusas del Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, quien dijo que "nuestra posición es que no se debe tratar a Puerto Rico igual que a países extranjeros, pues Puerto Rico es territorio americano (estadounidense) y los empleos puertorriqueños son americanos. La promoción de desarrollo económico y creación de empleos es y debe ser el norte en el trato de las CFC en la Isla".Si la posición de esta administración es que "no se debe tratar a Puerto Rico igual que a países extranjeros" entonces por lo que de verdad se está abogando es por la eliminación de estos beneficios. Ese doble discurso, ese double talk como dicen en inglés, es lo que vivimos con la 936, cuando al principio Rosselló las defendió con las muelas de atrás y luego las entregó por razones ideológicas-políticas a cambio de nada.En momentos en que el mismo gobierno de Puerto Rico está amenazando con despedir 30 mil empleados públicos, lo menos que necesitamos es que por la inacción o acción equivocada se desestabilice uno de los pilares del sector privado en la isla.

Se tiene que hablar y actuar con firmeza y con rapidez.Lo más frustrante es que si se tiene voluntad, esta coyuntura podría permitir que se logre un lenguaje congresional que nos de ventajas aún mejores a las que tenemos hoy día. Sí, la amenaza fácilmente se puede convertir en oportunidad. Lo único que hay que hacer es lograr una línea en la ley que simplemente diga algo como: "ninguno de estos cambios serán aplicables a Puerto Rico". Esto significaría que esas corporaciones haciendo negocios en Irlanda, Singapur y otros países perderían los beneficios, pero haciendo negocios en Puerto Rico los retendrían. Nos daría una ventaja que más nadie tendría. Eso puede convertirse, fácilmente, en nuevas inversiones multimillonarias para nuestro país y la creación de miles de empleos. ¿Por qué no lo ha propuesto nadie de la administración Fortuño?

Atentamente,
Aníbal