Hora cero para los despidos

La Junta de Reconstrucción y Estabilización Fiscal (JREF) decidirá hoy cuántos servidores públicos perderán su empleo a partir del próximo año fiscal, una cifra que en principio puede ascender a 10,000 personas, incluyendo empleados transitorios, por contrato y regulares.

La cifra total de empleados cesanteados, que aún queda por consignarse, se revelará mañana, cuando se espera que el gobierno comience a enviar las cartas de cesantías a miles de empleados transitorios.

Mañana, La Fortaleza ofrecerá el detalle de las agencias que experimentarían los recortes de personal más importantes y a las cuales aplican las disposiciones de la Ley de Emergencia Fiscal, también conocida como la Ley 7.

De acuerdo al estatuto, las corporaciones públicas y una buena parte de las agencias vinculadas a la educación, seguridad pública o los llamados servicios esenciales están excluidos de los recortes.

Por ende, aunque el gobierno central y sus corporaciones emplean 213,500 personas (de acuerdo al presupuesto consolidado), el gobierno de turno tiene poco campo de acción para reducir la plantilla pública.

A juzgar por las disposiciones de la Ley 7, el universo de empleados donde se harían los recortes de personal representa aproximadamente una cuarta parte del total de empleados del gobierno central.

Cabe señalar que casi la mitad de los servidores públicos que decidieron acogerse a la renuncia voluntaria laboran para el Departamento de Educación -una de las agencias exentas bajo la Ley 7.

Aún así, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de la JREF, Carlos M. García, dijo ayer que están inclinados a aceptar las renuncias de esos servidores públicos.

Al presente, las fases I y III del plan de recortes le han significado ahorros al gobierno por $236 millones. Mientras, el gobierno espera lograr otros $500 millones en ahorros en gastos operacionales.

Como resultado, el gobierno tendría que hacer ajustes adicionales cercanos a $1,250 millones para alcanzar la meta de $2,000 millones en ahorros y zanjar parcialmente la brecha presupuestaria.

Si bien el gobierno no ha soltado prenda del número de servidores públicos que serían desplazados, lo cierto es que cerca de 10,000 personas dejarán de trabajar para el gobierno a partir de julio próximo.

Esa cifra incluye 2,585 personas que renunciaron de manera voluntaria durante la fase I del plan de recortes gubernamental. La fecha de efectividad de tales renuncias será mañana.

Mientras, otros 7,000 empleados transitorios abandonarían el gobierno cuando sus contratos no sean renovados después del 30 de junio, de acuerdo al secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Miguel Romero.

Desempleo a niveles récord

Irrespectivo del número que empleados desplazados, el recorte en la plantilla gubernamental tendrá el efecto de aumentar en dos o tres puntos porcentuales la tasa de desempleo en la Isla, indicó el economista José Alameda.

La cifra más reciente divulgada por el DTRH apunta a una tasa de desocupados de 14.7%, pero una vez se produzcan los despidos en el sector público, el indicador podría elevarse hasta 17%.

Alameda hizo la salvedad de que Puerto Rico tuvo una tasa de desempleo de 22% durante la década de 1980, pero señaló que más allá del indicador, la posibilidad de que estas personas se reinserten al mundo laboral es baja.

El sector privado no ha creado el número de empleos necesarios para la población. A manera de ejemplo, la empresa privada crea 18 puestos de trabajo por cada 1,000 habitantes, mientras que en Mississippi se crean unos 32 en igual relación.

Por su parte, la economista María Enchautegui argumentó que las cesantías harán más difícil la recuperación económica, pues muchos desplazados no podrán encontrar una oportunidad de empleo en el sector privado.

Señaló que la edad promedio de la mayoría de los servidores públicos es alta y que en el mercado laboral local es poco probable reemplearse después de los 50 años.

Fuente: El Nuevo Día (28 de mayo de 2009)