Saludos,
Desde el pasado viernes Puerto Rico se ha confrontado con una nueva realidad: un gobierno que ha tomado la decisión de "resolver" los problemas presupuestarios tirando al desempleo a 17 mil puertorriqueños, todos empleados públicos, pilares de nuestra clase media tan maltrecha. Desde el viernes me he debatido sobre si debo expresarme sobre esta tragedia en este momento, pero las historias de dolor humano que hemos visto y escuchado, la falta de sensibilidad ante el dolor y el sentido de desesperanza en el País, me obligan a hacerlo y a compartir contigo algunas reflexiones.
Cómo uno enfrenta los retos de la vida, en gran medida lo predetermina de dónde uno viene y cuál es la visión de mundo que se tiene. Ahí está la diferencia de cómo enfrentamos los retos en el pasado y lo que hoy estamos viviendo.
¿Es el despido de empleados públicos la solución correcta? Cuando fui Gobernador y tuvimos que enfrentar la crisis presupuestaria me hice la misma pregunta y la contesté en la negativa. Mis razones entonces para rechazar el despido de empleados públicos son las mismas para oponerme hoy. Nuestro mayor problema económico no es que el gobierno sea demasiado grande sino que el sector privado es demasiado pequeño. Despedir empleados públicos en momentos en que el sector privado no está creciendo es una invitación para agudizar la situación económica. Hoy la situación es todavía más complicada, porque no se trata solamente de que el sector privado no crece sino de que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, el sector privado está decreciendo.
Esa posición fue validada recientemente en un informe publicado en mayo de 2009 por el Centro para una Nueva Economía (CNE), una organización sin fines de lucro que realiza análisis económicos y presupuestarios independientes. En ese informe, el CNE analiza los datos sobre la cantidad de empleados públicos que hay en Puerto Rico y los compara con los que hay en Estados Unidos. El informe dice específicamente:
"Contrario a lo que es la percepción generalizada, si comparamos el número de empleados públicos en Puerto Rico a nivel estatal y municipal por cada 100 habitantes con el de Estados Unidos la diferencia no es tan significativa. En 2006 (último año para el que se tiene la data) había 19, 327,000 empleados estatales y locales en los Estados Unidos para una población de 299, 157,000. Esto nos da 6.46 empleados estatales y locales por cada 100 habitantes. De acuerdo a la Junta de Planificación, en 2006 había 287,000 empleados estatales y municipales de una población de 3, 928,000 habitantes en Puerto Rico. Esto nos da un ratio de 7.32 empleados estatales y municipales por cada 100 habitantes en Puerto Rico. Por ende, aunque el ratio es levemente mayor en Puerto Rico la diferencia no es tan grande como usualmente se ha proyectado. Esta información apoya la aseveración de que el problema en Puerto Rico es que el sector privado es relativamente pequeño y no que el gobierno es demasiado grande". (Traducción y énfasis nuestro)
Segundo, un empleado público que es cesanteado y que no puede conseguir un empleo en el sector privado se convierte en una carga económica para el gobierno. Además de seguro por desempleo y PAN, ese empleado público pierde su plan médico y como consecuencia pasa a ser un participante del plan de salud del gobierno. En muchos casos, si ese empleado público tenía a sus hijos en una escuela privada, los tiene que mover a una escuela pública, aumentando las presiones presupuestarias sobre el sistema público de enseñanza, y ni mencionar lo que pasa si pierde su casa o su carro. Al final del día, un empleado público que es despedido y se convierte en un desempleado es una carga presupuestaria aún mayor para el gobierno.
Pero la tercera y principal razón por la que me opuse y me opongo al despido masivo de empleados públicos es porque son seres humanos, hombres y mujeres decentes, que en lugar de estar viviendo de la dependencia aceptaron el reto de trabajar y luchar para ser autosuficientes. Ayer vi en televisión una mujer llorando diciendo exactamente eso, que estaba echando hacia adelante a sus hijos con el trabajo que le quitaron el viernes y que el gobierno parece que ahora quiere que ella viva del mantengo. Esas 17 mil personas no son un número ni una estadística, son madres, padres, hijos, abuelos, hermanos, tías, vecinos, amigos. Si un gobierno, el que sea, les dio la oportunidad de trabajar, es deber del gobierno buscar las formas correctas de protegerles ese empleo.
¿Es el gobierno el problema? Obviamente, el Gobernador Fortuño tiene una visión diferente de la vida y del gobierno. Su visión de mundo y de gobierno es la visión republicana, aquella que entiende que el gobierno es un impedimento y que la salvación a todo está en el sector privado. En su toma de posesión el Gobernador Luis Fortuño dijo: "Eres tú mismo quien ha llegado al convencimiento de que el gobierno ha dejado de ser la solución a tus problemas y en vez se ha convertido en el problema que juntos tenemos que solucionar".
Ese pensamiento sale directamente de la frase de Ronald Reagan, "government is the problem", fundamento de una filosofía republicana y conservadora de gobierno que hoy está muy desprestigiada en los Estados Unidos y en el Mundo. En momentos en que el gobierno de Estados Unidos (y muchos gobiernos a través del Mundo) han tenido que salir a salvar al sector privado de la banca, los seguros y al sector automotriz, me resultó sumamente revelador y preocupante que estas fueran las primeras palabras del nuevo Gobernador. Para él, esos 17 mil puertorriqueños, como empleados públicos eran parte del problema y ahora en la calle, él cree que serán parte de la solución.
¿Cuán importante es la justicia social para el gobierno? Nuevamente aquí volvemos a la visión de la vida y del gobierno que se tiene. Es dramático que la mayoría de los despidos que se han hecho y que se han anunciado son de entre los empleados más humildes - miles de conserjes y empleados de mantenimiento - y han ocurrido en las agencias de atención a los sectores más necesitados de nuestra sociedad. Nuevamente, es obvio que ha prevalecido la mentalidad republicana de gobierno. Las agencias que dan servicios a los ancianos, a las mujeres, a las comunidades especiales y a las familias más necesitadas, son las más afectadas por estos despidos y en muchos casos la agencia o el programa, prácticamente, han desaparecido. Igual está ocurriendo en las agencias que promueven las artes y nuestra cultura. Esto no es accidente, nuevamente responde a la visión de País que se tiene y al rol que basado en esta visión se le adjudica al gobierno. No olvides que para los republicanos si los pobres son pobres es por culpa de ellos. Such is life.
¿Dónde está la sensibilidad? Decirle a los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que se quedaron sin trabajo y a sus familias que "lo peor ya pasó" es de por sí un acto grave de falta de sensibilidad. ¿Qué lo peor ya pasó para miles de personas que no saben cómo van a pagar su casa, su carro ni la escuela de sus hijos? ¿Qué lo peor ya pasó cuando no se tuvo ni tan siquiera la sensibilidad de evitar que parejas fueran despedidos a la vez? ¿Qué lo peor ya pasó si luego del empleo lo próximo que van a perder es su seguro médico? ¿Qué lo peor ya pasó cuando el País se confronta con la Navidad más triste en muchos años? Esa insensibilidad también la hemos visto en la forma privilegiada en que los miembros de alto nivel en esta administración tratan a familiares y allegados. Todos los asesores del Gobernador Fortuño ganan hoy muchísimo más ingreso que lo que ganaban mis asesores (incluyendo los tres que están bajo investigación y que fueron relevados de sus responsabilidades principales de asesoría, pero no relevados de sus sueldos). El "Chef Ramiro" de la Fortaleza gana cerca de $2,000 mensuales MÁS que el chef anterior y el mismo cuadro lo vemos en prácticamente todas las agencias y corporaciones públicas. Los jefes ganan muchísimo más que lo que devengaban los que tenían esas mismas posiciones en el pasado gobierno.
Se que hay mucho dolor y tristeza en el pueblo de Puerto Rico. Además del dolor de los afectados, hay un dolor todavía más profundo y peligroso: el que surge del sentido de impotencia y la falta de esperanza. A todos los puertorriqueños y a todas las puertorriqueñas les recuerdo que el ejercicio democrático no se limita al ejercicio del derecho al voto cada cuatro años. Defender y reclamar los derechos y la dignidad individual y colectiva tiene que ser un ejercicio diario. Te lo puedo asegurar, a mayor injusticia, mayor tiene que ser nuestra determinación de luchar. Ejerce, reclama, defiende tus derechos y tu dignidad. No pierdas la esperanza y lucha. No te quites.
Anibal
miércoles, 30 de septiembre de 2009
AAV calificó los despidos como una tragedia
El ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá calificó como una tragedia la decisión de la actual administración de resolver los problemas presupuestarios “tirando al desempleo a 17 mil puertorriqueños”, criticó lo que denominó como falta de sensibilidad humana ante el dolor e invitó al Pueblo a luchar pos sus derechos.
Acevedo Vilá tronó contra su sucesor Luis Fortuño por la frase del mensaje emitido el viernes en que enfatizó que lo peor ya pasó y por conceder mejores salarios a sus asesores y jefes de agencias de los que dispensó la pasada administración.
“Decirle a los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que se quedaron sin trabajo y a sus familias que ‘lo peor ya pasó’, es de por sí un acto grave de falta de sensibilidad. ¿Qué lo peor ya pasó para miles de personas que no saben cómo pagar su casa, su carro ni la escuela de sus hijos?, ¿Qué lo peor ya pasó cuando no se tuvo ni siquiera la sensibilidad de evitar que parejas fueran despedidas a las vez?, ¿Qué lo peor ya pasó si luego del empleo lo próximo que van a perder es su seguro médico?, ¿Qué lo peor ya pasó cuando el País se confronta con la Navidad más triste en muchos años?”, cuestionó el ex Primer Ejecutivo.
“Esa insensibilidad la hemos visto también en la forma privilegiada en que los miembros de alto nivel en esta administración tratan a familiares y allegados. Todos los asesores del gobernador Fortuño ganan hoy muchísimo más ingreso de lo que ganaban mis asesores (incluyendo los tres que están bajo investigación y que fueron relevados de sus responsabilidades principales de asesoría, pero no relevados de sus sueldos”, puntualizó.
También, criticó que Fortuño tenga al Chef Ramiro en la Fortaleza con un sueldo de cerca de $2 mil mensuales y aseveró que el mismo cuadro se da en todas las agencias y corporaciones.
Acevedo Vilá achacó las decisiones de Fortuño al hecho de que tiene una visión diferente, que es la republicana, en la que se entiende que el gobierno es un impedimento y que la salvación a todo es el sector privado.
“Sé que hay un mucho dolor y tristeza en el Pueblo de Puerto Rico. Además del dolor de los afectados, hay un dolor todavía más profundo y peligroso: el que surge del sentido de impotencia y la falta de esperanza”, expresó.
Acevedo Vilá recordó al País que el ejercicio democrático no se limita a ejercer el voto cada cuatro años e invitó a la lucha por los derechos.
“Defender y reclamar los derechos de la dignidad individual y colectiva tiene que ser un ejercicio diario. Te lo puedo asegurar, a mayor injusticia, mayor tiene que ser nuestra determinación de luchar. Ejerce, reclama, defiende tus derechos y tu dignidad. No pierdas la esperanza y lucha. No te quites”, sostuvo.
Acevedo Vilá hizo las expresiones en un mensaje a través de la red social cibernética Facebook.
Dijo que desde el viernes ponderaba si debía manifestarse sobre esos sucesos, pero que al conocer las historias de dolor humano y el sentido de desesperanza en el País, tomó la decisión de emitir ese mensaje.
Recalcó que cuando fue el incumbente se opuso a los despidos masivos y mantiene esa misma posición en la actualidad.
Mencionó que se sostuvo en tres factores para formar su opinión: el hecho de que el Gobierno no es demasiado grande, sino que el sector privado es muy pequeño; segundo, que un empleado público cesanteado no puede conseguir un nuevo trabajo en el sector privado y se convierte en una carga económica para el Gobierno, y tercero, que porque los desplazados son seres humanos, hombres y mujeres decentes, que en lugar de vivir de la dependencia, aceptaron el reto de trabajar y luchar para ser autosuficientes.
Acevedo Vilá ordenó el cierre del Gobierno hace tres años por el déficit presupuetario. Fortuño lo ha señado directamente como el responsable del actual problema fiscal del Gobierno.
Fuente: El Vocero (30 de septiembre de 2009)
Acevedo Vilá tronó contra su sucesor Luis Fortuño por la frase del mensaje emitido el viernes en que enfatizó que lo peor ya pasó y por conceder mejores salarios a sus asesores y jefes de agencias de los que dispensó la pasada administración.
“Decirle a los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que se quedaron sin trabajo y a sus familias que ‘lo peor ya pasó’, es de por sí un acto grave de falta de sensibilidad. ¿Qué lo peor ya pasó para miles de personas que no saben cómo pagar su casa, su carro ni la escuela de sus hijos?, ¿Qué lo peor ya pasó cuando no se tuvo ni siquiera la sensibilidad de evitar que parejas fueran despedidas a las vez?, ¿Qué lo peor ya pasó si luego del empleo lo próximo que van a perder es su seguro médico?, ¿Qué lo peor ya pasó cuando el País se confronta con la Navidad más triste en muchos años?”, cuestionó el ex Primer Ejecutivo.
“Esa insensibilidad la hemos visto también en la forma privilegiada en que los miembros de alto nivel en esta administración tratan a familiares y allegados. Todos los asesores del gobernador Fortuño ganan hoy muchísimo más ingreso de lo que ganaban mis asesores (incluyendo los tres que están bajo investigación y que fueron relevados de sus responsabilidades principales de asesoría, pero no relevados de sus sueldos”, puntualizó.
También, criticó que Fortuño tenga al Chef Ramiro en la Fortaleza con un sueldo de cerca de $2 mil mensuales y aseveró que el mismo cuadro se da en todas las agencias y corporaciones.
Acevedo Vilá achacó las decisiones de Fortuño al hecho de que tiene una visión diferente, que es la republicana, en la que se entiende que el gobierno es un impedimento y que la salvación a todo es el sector privado.
“Sé que hay un mucho dolor y tristeza en el Pueblo de Puerto Rico. Además del dolor de los afectados, hay un dolor todavía más profundo y peligroso: el que surge del sentido de impotencia y la falta de esperanza”, expresó.
Acevedo Vilá recordó al País que el ejercicio democrático no se limita a ejercer el voto cada cuatro años e invitó a la lucha por los derechos.
“Defender y reclamar los derechos de la dignidad individual y colectiva tiene que ser un ejercicio diario. Te lo puedo asegurar, a mayor injusticia, mayor tiene que ser nuestra determinación de luchar. Ejerce, reclama, defiende tus derechos y tu dignidad. No pierdas la esperanza y lucha. No te quites”, sostuvo.
Acevedo Vilá hizo las expresiones en un mensaje a través de la red social cibernética Facebook.
Dijo que desde el viernes ponderaba si debía manifestarse sobre esos sucesos, pero que al conocer las historias de dolor humano y el sentido de desesperanza en el País, tomó la decisión de emitir ese mensaje.
Recalcó que cuando fue el incumbente se opuso a los despidos masivos y mantiene esa misma posición en la actualidad.
Mencionó que se sostuvo en tres factores para formar su opinión: el hecho de que el Gobierno no es demasiado grande, sino que el sector privado es muy pequeño; segundo, que un empleado público cesanteado no puede conseguir un nuevo trabajo en el sector privado y se convierte en una carga económica para el Gobierno, y tercero, que porque los desplazados son seres humanos, hombres y mujeres decentes, que en lugar de vivir de la dependencia, aceptaron el reto de trabajar y luchar para ser autosuficientes.
Acevedo Vilá ordenó el cierre del Gobierno hace tres años por el déficit presupuetario. Fortuño lo ha señado directamente como el responsable del actual problema fiscal del Gobierno.
Fuente: El Vocero (30 de septiembre de 2009)
Devastadoras consecuencias de los despidos
Los despidos en el Gobierno “tendrán un efecto devastador” sobre los servicios esenciales como Salud, Educación y Protección de los Recursos Naturales denunciaron hoy legisladores del Partido Popular Demócratico (PPD).
En conferencia de prensa, los populares señalaron que agencias como DACO, la Junta de Planes, ARPE, Recursos Naturales, DTOP, Familia, ASUME, Salud, entre otros se quedaron sin el personal administrativo necesario para ofrecer los servicios a la ciudadanía.
“Estos despidos nos afectan a todos. Nuestra sociedad se empobrecerá en maneras insospechadas”, indicó el representante popular Luis Vega Ramos.
En la conferencia de prensa, los populares ofrecieron un desglose de los despidos en 24 agencias y las divisiones que se afectaron con las miles de cesantías. Informaron que se desmantelaron áreas como las divisiones legales del Departamento de Salud, DACO y ASUME. Igualmente denunciaron el desmantelamiento de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, la Procuradoría de Personas con Impedimentos y la Oficina de Comunidades Especiales.
De otra parte, los legisladores populares argumentaron que los despidos responden a la visión que tiene esta administración pública de que el Gobierno funciona mejor en las manos privadas.
“Este es un acto concertado de la administración de (Luis)Fortuño de limitar los derechos que ha adquirido un amplio sector de nuestra población a quienes se ha mantenido marginado y discriminado por mucho tiempo”, afirmó la representante popular Carmen Yulin Cruz.
Fuente: El Vocero (30 de septiembre de 2009)
En conferencia de prensa, los populares señalaron que agencias como DACO, la Junta de Planes, ARPE, Recursos Naturales, DTOP, Familia, ASUME, Salud, entre otros se quedaron sin el personal administrativo necesario para ofrecer los servicios a la ciudadanía.
“Estos despidos nos afectan a todos. Nuestra sociedad se empobrecerá en maneras insospechadas”, indicó el representante popular Luis Vega Ramos.
En la conferencia de prensa, los populares ofrecieron un desglose de los despidos en 24 agencias y las divisiones que se afectaron con las miles de cesantías. Informaron que se desmantelaron áreas como las divisiones legales del Departamento de Salud, DACO y ASUME. Igualmente denunciaron el desmantelamiento de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, la Procuradoría de Personas con Impedimentos y la Oficina de Comunidades Especiales.
De otra parte, los legisladores populares argumentaron que los despidos responden a la visión que tiene esta administración pública de que el Gobierno funciona mejor en las manos privadas.
“Este es un acto concertado de la administración de (Luis)Fortuño de limitar los derechos que ha adquirido un amplio sector de nuestra población a quienes se ha mantenido marginado y discriminado por mucho tiempo”, afirmó la representante popular Carmen Yulin Cruz.
Fuente: El Vocero (30 de septiembre de 2009)
Fortuño invita a protestar frente al PPD
SALINAS - El gobernador Luis Fortuño invitó el miércoles a los trabajadores y sus dirigentes sindicales a llevar sus protestas hasta la sede del Partido Popular Democrático (PPD) en Puerta de Tierra a quienes responsabilizó por ''la debacle'' que heredó.
Fortuño, quien encabezó una actividad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en Salinas, le dijo a los que protestan por los despidos, que su gobierno no es el responsable de los mismos.
''Todos sabemos quienes han sido los responsables de esta debacle que nosotros estamos resolviendo. Yo sé que va a haber unas protestas, yo invito a aquellos que van a protestar, que no se olviden de protestar donde está la responsabilidad de esta debacle, y eso está allí en Puerta de Tierra'', sentenció.
Entre aplausos de sobre un centenar de personas congregadas en uno de los bateyes de la otrora Central Aguirre, el mandatario directamente responsabilizó al pasado gobierno por ''esta debacle''.
Fortuño emplazó a la dirección obrera del país a que según marcharon para apoyar la imposición de un 7% de Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), que lo hagan ahora frente a los cuarteles generales del PPD.
Fue más allá y dijo, que si los dirigentes obreros que vienen protestando por los recientes despidos en el gobierno no protestan frente a la sede del PPD, podría cuestionársele si es que están queriendo entrar al campo de la política partidista.
''Los líderes obreros que marcharon para que nos aumentaran el IVU al 7% nunca dijeron presente con la debacle que estaban dejando aquí en Puerto Rico. Si ahora ellos (los líderes obreros) no hicieran eso y no terminasen sus protestas allí frente a los cuarteles generales del PPD, entonces uno podría cuestionarse si están queriendo entrar en el campo político de otra forma'', indicó.
Fortuño dijo que no teme ser agredido como resultado de las medidas que ha tomado su gobierno y aseguró que no ha solicitado seguridad ''especial o adicional'' al Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha.
''Actos violentos no pueden ser exaltados por nadie'', respondió Fortuño cuando se le solicitó un comentario sobre el recibimiento de héroe que recibió en su comunidad Roberto García Díaz, quien el martes le lanzara un huevo durante una actividad en Fajardo.
No favoreció que se le retiren los cargos a García Díaz, aunque dijo que le perdona, pero a renglón seguido manifestó que ''tenemos que cumplir con la ley, nadie está por encima de la ley''.
Fuente: El Vocero de Puerto Rico (30 de septiembre de 2009)
Fortuño, quien encabezó una actividad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en Salinas, le dijo a los que protestan por los despidos, que su gobierno no es el responsable de los mismos.
''Todos sabemos quienes han sido los responsables de esta debacle que nosotros estamos resolviendo. Yo sé que va a haber unas protestas, yo invito a aquellos que van a protestar, que no se olviden de protestar donde está la responsabilidad de esta debacle, y eso está allí en Puerta de Tierra'', sentenció.
Entre aplausos de sobre un centenar de personas congregadas en uno de los bateyes de la otrora Central Aguirre, el mandatario directamente responsabilizó al pasado gobierno por ''esta debacle''.
Fortuño emplazó a la dirección obrera del país a que según marcharon para apoyar la imposición de un 7% de Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), que lo hagan ahora frente a los cuarteles generales del PPD.
Fue más allá y dijo, que si los dirigentes obreros que vienen protestando por los recientes despidos en el gobierno no protestan frente a la sede del PPD, podría cuestionársele si es que están queriendo entrar al campo de la política partidista.
''Los líderes obreros que marcharon para que nos aumentaran el IVU al 7% nunca dijeron presente con la debacle que estaban dejando aquí en Puerto Rico. Si ahora ellos (los líderes obreros) no hicieran eso y no terminasen sus protestas allí frente a los cuarteles generales del PPD, entonces uno podría cuestionarse si están queriendo entrar en el campo político de otra forma'', indicó.
Fortuño dijo que no teme ser agredido como resultado de las medidas que ha tomado su gobierno y aseguró que no ha solicitado seguridad ''especial o adicional'' al Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha.
''Actos violentos no pueden ser exaltados por nadie'', respondió Fortuño cuando se le solicitó un comentario sobre el recibimiento de héroe que recibió en su comunidad Roberto García Díaz, quien el martes le lanzara un huevo durante una actividad en Fajardo.
No favoreció que se le retiren los cargos a García Díaz, aunque dijo que le perdona, pero a renglón seguido manifestó que ''tenemos que cumplir con la ley, nadie está por encima de la ley''.
Fuente: El Vocero de Puerto Rico (30 de septiembre de 2009)
Melinda Romero: "proceso fue una burla al pueblo"
La senadora estadista Melinda Romero la emprendió esta mañana contra el gobierno de Luis Fortuño y la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF) por haber hecho “a ciegas” los despidos de empleados públicos.
La hija del ex gobernador Carlos Romero Barceló llego a decir que estaba desconcertada porque se hicieron “las cosas mal hechas” y no se midieron las consecuencias ante los esfuerzos que se realizan en Washington, DC, para lograr la estadidad para la Isla.
“No hay ninguna gestión a favor del pueblo, y a mí eso me da muchísima pena. De las cientos de cientos de llamada que yo he recibido aquí, (muchas son) de personas que llevan 28, 30 años en el Gobierno que fueron despedidos inmisericordemente, cuando los que fueron nombrados bajo la veda están todavía trabajando en el Gobierno. A mí eso me parece una falta de respeto a este pueblo”, afirmó Romero en entrevista radial (WKAQ).
Fuente: El Nuevo Día (30 de septiembre de 2009)
Dijo que el Gobierno de Fortuño no analizó otras alternativas que evitaran los despidos.
“Hacemos todo en un cuarto oscuro, a ciegas, donde ni tan siquiera los jefes de agencia sabían a quién iban a despedir. Ahora mismo, algunos van a tener que ir al tribunal porque eliminaron plazas que son pagadas con fondos federales, que de ninguna manera el Gobierno se va a ahorrar ni un solo centavo despidiendo esa gente”, sostuvo la senadora.
Añadió que el proceso fue “una burla” al pueblo y se llegó a preguntar: “¿dónde estamos parados? “
“Esto que se ha hecho contra el pueblo de Puerto Rico, particularmente contra la gente de mi partido, que son los que siempre he defendido, ha sido completamente impensado ha sido algo que se hizo completamente a ciega, han desmantelado oficinas completamente y no se ha tomado en consideración muchísimos otros aspectos, como lo que representaría a la estadidad de Puerto Rico”, dijo Romero.
Afirmó que si se hace un referéndum en estos cuatro años para definir el status, los electores darán un voto castigo a la estadidad en reacción a los despidos de 16,970 empleados públicos.
Dijo que si hay que ahorrar dinero, se debe eliminar a los cabilderos que el Gobierno de Puerto Rico tiene en Washington ya que “no tendrán mucho taller”.
“No podemos estar promoviendo un plebiscito… Va a ser un ejercicio futil contra la estadidad”, sostuvo.
Tras las expresiones, el senador popular Eduardo Bhatia emplazó a Romero a que encamine un proceso para dejar sin efecto la Ley 7 de Emergencia Fiscal. Esa ley legaliza los despidos a empleados públicos, por lo que al derogarla se quedarían sin efecto, según ha explicado el legislador.
La hija del ex gobernador Carlos Romero Barceló llego a decir que estaba desconcertada porque se hicieron “las cosas mal hechas” y no se midieron las consecuencias ante los esfuerzos que se realizan en Washington, DC, para lograr la estadidad para la Isla.
“No hay ninguna gestión a favor del pueblo, y a mí eso me da muchísima pena. De las cientos de cientos de llamada que yo he recibido aquí, (muchas son) de personas que llevan 28, 30 años en el Gobierno que fueron despedidos inmisericordemente, cuando los que fueron nombrados bajo la veda están todavía trabajando en el Gobierno. A mí eso me parece una falta de respeto a este pueblo”, afirmó Romero en entrevista radial (WKAQ).
Fuente: El Nuevo Día (30 de septiembre de 2009)
Dijo que el Gobierno de Fortuño no analizó otras alternativas que evitaran los despidos.
“Hacemos todo en un cuarto oscuro, a ciegas, donde ni tan siquiera los jefes de agencia sabían a quién iban a despedir. Ahora mismo, algunos van a tener que ir al tribunal porque eliminaron plazas que son pagadas con fondos federales, que de ninguna manera el Gobierno se va a ahorrar ni un solo centavo despidiendo esa gente”, sostuvo la senadora.
Añadió que el proceso fue “una burla” al pueblo y se llegó a preguntar: “¿dónde estamos parados? “
“Esto que se ha hecho contra el pueblo de Puerto Rico, particularmente contra la gente de mi partido, que son los que siempre he defendido, ha sido completamente impensado ha sido algo que se hizo completamente a ciega, han desmantelado oficinas completamente y no se ha tomado en consideración muchísimos otros aspectos, como lo que representaría a la estadidad de Puerto Rico”, dijo Romero.
Afirmó que si se hace un referéndum en estos cuatro años para definir el status, los electores darán un voto castigo a la estadidad en reacción a los despidos de 16,970 empleados públicos.
Dijo que si hay que ahorrar dinero, se debe eliminar a los cabilderos que el Gobierno de Puerto Rico tiene en Washington ya que “no tendrán mucho taller”.
“No podemos estar promoviendo un plebiscito… Va a ser un ejercicio futil contra la estadidad”, sostuvo.
Tras las expresiones, el senador popular Eduardo Bhatia emplazó a Romero a que encamine un proceso para dejar sin efecto la Ley 7 de Emergencia Fiscal. Esa ley legaliza los despidos a empleados públicos, por lo que al derogarla se quedarían sin efecto, según ha explicado el legislador.
Cesanteados del Departamento de Familia expresan su sentir tras los despidos
Empleados del Departamento de la Familia en San Juan realizan una manifestación frente a la oficina regional de la agencia en repudio a las cesantías anunciadas la semana pasada.
Los empleados amarraron una pancarta con una caricatura de Luis Fortuño a un arbusto en la acera frente a la agencia y procedieron a tirarle docenas de huevos.
Uno de los manifestantes tenía mala puntería y su proyectil cayó a los pies de uno de los policías que dirigen el tránsito en la avenida Ponce de León.
El propósito de la protesta manifestación es “para sacar el coraje” que ha provocado la situación, dijo uno de los manifestantes.
Ana Ortiz, empleada cesanteada de Asume, fue una de las que lanzó un huevo a la pancarta.
“Le tiré el huevo porque siento mucho rencor. El gobernador Luis Fortuño me engañó. Voté por él y me arrepiento mil veces de haberlo hecho”, dijo.
Por su parte, la presidenta del concilio 95 Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Annette González, denunció que en esa oficina donde se realiza el piquete fue despedido “casi todo el personal”. Entre los despedidos figuran secretarias, oficinistas, pagadores, contadores, toda la división legal y casi toda la unidad de finanzas.
Al momento de este informe los manifestantes caminan en círculo frente a la agencia gritando consignas como “huevo, huevo, Fortuño quiere huevo”.
Fuente: El Nuevo Día (30 de septiembre de 2009)
Los empleados amarraron una pancarta con una caricatura de Luis Fortuño a un arbusto en la acera frente a la agencia y procedieron a tirarle docenas de huevos.
Uno de los manifestantes tenía mala puntería y su proyectil cayó a los pies de uno de los policías que dirigen el tránsito en la avenida Ponce de León.
El propósito de la protesta manifestación es “para sacar el coraje” que ha provocado la situación, dijo uno de los manifestantes.
Ana Ortiz, empleada cesanteada de Asume, fue una de las que lanzó un huevo a la pancarta.
“Le tiré el huevo porque siento mucho rencor. El gobernador Luis Fortuño me engañó. Voté por él y me arrepiento mil veces de haberlo hecho”, dijo.
Por su parte, la presidenta del concilio 95 Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Annette González, denunció que en esa oficina donde se realiza el piquete fue despedido “casi todo el personal”. Entre los despedidos figuran secretarias, oficinistas, pagadores, contadores, toda la división legal y casi toda la unidad de finanzas.
Al momento de este informe los manifestantes caminan en círculo frente a la agencia gritando consignas como “huevo, huevo, Fortuño quiere huevo”.
Fuente: El Nuevo Día (30 de septiembre de 2009)
Alcaldes populares movilizarán a los suyos para el Paro Nacional
El presidente interino de la Asociación de Alcaldes, Josian Santiago, anunció que el paro nacional pautado para el 15 de octubre tendrá el apoyo de esa organización, que agrupa a los ejecutivos municipales afiliados al Partido Popular Democrático (PPD).
Durante una conferencia de prensa en la que anunciaron la aprobación de una resolución en rechazo a los efectos de la Ley 7, Santiago indicó que los municipios también proveerán ayudas a los cesanteados.
La Ley 7 es el estatuto que contiene el plan de reducción de gastos que, en los pasados días, ha dejado sin trabajo a unos 16,970 empleados públicos.
“Nuestros esfuerzos no sólo están encaminados a provocar una movilización masiva en respaldo a la convocatoria del movimiento Todo Puerto Rico por Puerto Rico al paro nacional. Los alcaldes asociados estaremos brindando todos los mecanismos de orientación y asistencia legal”, expresó el líder popular, que estará a la cabeza de la organización mientras su presidente, el alcalde William Miranda Marín recibe tratamiento fuera de Puerto Rico para su padecimiento de cáncer de páncreas.
A través de la resolución, los alcaldes también apoyaron un proyecto de ley de la autoría del senador Eder Ortiz que propone la reducción de la jornada de trabajo.
“Los municipios vamos a salir bien perjudicados de toda lamentable situación porque el disloque en los servicios del Gobierno y la desarticulación para coordinar esfuerzos a quien más va a perjudicar es a la gente de nuestros respectivos pueblos y ciudades”, puntualizó.
Fuente: EL Nuevo Día (30 de septiembre de 2009)
Durante una conferencia de prensa en la que anunciaron la aprobación de una resolución en rechazo a los efectos de la Ley 7, Santiago indicó que los municipios también proveerán ayudas a los cesanteados.
La Ley 7 es el estatuto que contiene el plan de reducción de gastos que, en los pasados días, ha dejado sin trabajo a unos 16,970 empleados públicos.
“Nuestros esfuerzos no sólo están encaminados a provocar una movilización masiva en respaldo a la convocatoria del movimiento Todo Puerto Rico por Puerto Rico al paro nacional. Los alcaldes asociados estaremos brindando todos los mecanismos de orientación y asistencia legal”, expresó el líder popular, que estará a la cabeza de la organización mientras su presidente, el alcalde William Miranda Marín recibe tratamiento fuera de Puerto Rico para su padecimiento de cáncer de páncreas.
A través de la resolución, los alcaldes también apoyaron un proyecto de ley de la autoría del senador Eder Ortiz que propone la reducción de la jornada de trabajo.
“Los municipios vamos a salir bien perjudicados de toda lamentable situación porque el disloque en los servicios del Gobierno y la desarticulación para coordinar esfuerzos a quien más va a perjudicar es a la gente de nuestros respectivos pueblos y ciudades”, puntualizó.
Fuente: EL Nuevo Día (30 de septiembre de 2009)
Alcaldes populares movilizarán a los suyos para el Paro Nacional
El presidente interino de la Asociación de Alcaldes, Josian Santiago, anunció que el paro nacional pautado para el 15 de octubre tendrá el apoyo de esa organización, que agrupa a los ejecutivos municipales afiliados al Partido Popular Democrático (PPD).
Durante una conferencia de prensa en la que anunciaron la aprobación de una resolución en rechazo a los efectos de la Ley 7, Santiago indicó que los municipios también proveerán ayudas a los cesanteados.
La Ley 7 es el estatuto que contiene el plan de reducción de gastos que, en los pasados días, ha dejado sin trabajo a unos 16,970 empleados públicos.
“Nuestros esfuerzos no sólo están encaminados a provocar una movilización masiva en respaldo a la convocatoria del movimiento Todo Puerto Rico por Puerto Rico al paro nacional. Los alcaldes asociados estaremos brindando todos los mecanismos de orientación y asistencia legal”, expresó el líder popular, que estará a la cabeza de la organización mientras su presidente, el alcalde William Miranda Marín recibe tratamiento fuera de Puerto Rico para su padecimiento de cáncer de páncreas.
A través de la resolución, los alcaldes también apoyaron un proyecto de ley de la autoría del senador Eder Ortiz que propone la reducción de la jornada de trabajo.
“Los municipios vamos a salir bien perjudicados de toda lamentable situación porque el disloque en los servicios del Gobierno y la desarticulación para coordinar esfuerzos a quien más va a perjudicar es a la gente de nuestros respectivos pueblos y ciudades”, puntualizó.
Fuente: EL Nuevo Día (30 de septiembre de 2009)
Durante una conferencia de prensa en la que anunciaron la aprobación de una resolución en rechazo a los efectos de la Ley 7, Santiago indicó que los municipios también proveerán ayudas a los cesanteados.
La Ley 7 es el estatuto que contiene el plan de reducción de gastos que, en los pasados días, ha dejado sin trabajo a unos 16,970 empleados públicos.
“Nuestros esfuerzos no sólo están encaminados a provocar una movilización masiva en respaldo a la convocatoria del movimiento Todo Puerto Rico por Puerto Rico al paro nacional. Los alcaldes asociados estaremos brindando todos los mecanismos de orientación y asistencia legal”, expresó el líder popular, que estará a la cabeza de la organización mientras su presidente, el alcalde William Miranda Marín recibe tratamiento fuera de Puerto Rico para su padecimiento de cáncer de páncreas.
A través de la resolución, los alcaldes también apoyaron un proyecto de ley de la autoría del senador Eder Ortiz que propone la reducción de la jornada de trabajo.
“Los municipios vamos a salir bien perjudicados de toda lamentable situación porque el disloque en los servicios del Gobierno y la desarticulación para coordinar esfuerzos a quien más va a perjudicar es a la gente de nuestros respectivos pueblos y ciudades”, puntualizó.
Fuente: EL Nuevo Día (30 de septiembre de 2009)
Fortuño es derrotable
Con un llamado a redoblar esfuerzos en preparación para el paro general del 15 de octubre y continuar luchando a favor del plan médico de los jubilados, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, concluyó su mensaje a los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica fentre a La Fortaleza.
Varios miles de miembros de la UTIER y empleados despedidos de otras agencias marcharon antes del mediodía desde el parque Luis Muñoz Rivera hasta el Capitolio. Luego, la manifestación se trasladó hasta el Viejo San Juan, donde los líderes pronunciaron sus mensajes en la intersección de las calles Cristo y Fortaleza ante medidas reforzadas de seguridad.
No se reportó incidente alguno en la manifestación. El reclamo principal de los líderes de la UTIER es el cambio del plan de salud que se les ofrece a los jubilados del gremio, el cual contiene un alza sustancial en el costo de medicinas y un cargo de $250 por incluir al cónyuge.
“Fortuño es derrotable, y lo vamos a derrotar”, sostuvo Figueroa Jaramillo. Al final de la actividad, varias empleadas despedidas de la Oficina de Comunidades Especiales mostraron carteles con las fotos de sus hijos y reclamaron al gobernador Luis Fortuño por haberlas dejado sin el sustento de sus familias.
Antes de partir hacia Viejo San Juan, varios cientos de trabajadores, la mayoría con camisetas amarillas, escucharon mensajes de apoyo de líderes de otras uniones en la avenida Ponce de León.
“Auguro que Fortuño no durará los cuatro años en La Fortaleza, se va a tener que ir”, sostuvo el ex presidente de la UTIER, Ricardo Santos.
“Mentiras, mentiras, gobierno de mentiras” fue una de las consignas que corearon los manifestantes.
Por otra parte, el líder de la organización sindical Proyecto de Solidaridad UTIER, Luis Pedraza Leduc, sostuvo que la convocatoria al paro de hoy se amplió del reclamo original sobre el plan de salud de la unión, para incluir la seguridad de empleo de todos los empleados públicos.
Fuente: El Nuevo Día (30 de septiembre de 2009)
Varios miles de miembros de la UTIER y empleados despedidos de otras agencias marcharon antes del mediodía desde el parque Luis Muñoz Rivera hasta el Capitolio. Luego, la manifestación se trasladó hasta el Viejo San Juan, donde los líderes pronunciaron sus mensajes en la intersección de las calles Cristo y Fortaleza ante medidas reforzadas de seguridad.
No se reportó incidente alguno en la manifestación. El reclamo principal de los líderes de la UTIER es el cambio del plan de salud que se les ofrece a los jubilados del gremio, el cual contiene un alza sustancial en el costo de medicinas y un cargo de $250 por incluir al cónyuge.
“Fortuño es derrotable, y lo vamos a derrotar”, sostuvo Figueroa Jaramillo. Al final de la actividad, varias empleadas despedidas de la Oficina de Comunidades Especiales mostraron carteles con las fotos de sus hijos y reclamaron al gobernador Luis Fortuño por haberlas dejado sin el sustento de sus familias.
Antes de partir hacia Viejo San Juan, varios cientos de trabajadores, la mayoría con camisetas amarillas, escucharon mensajes de apoyo de líderes de otras uniones en la avenida Ponce de León.
“Auguro que Fortuño no durará los cuatro años en La Fortaleza, se va a tener que ir”, sostuvo el ex presidente de la UTIER, Ricardo Santos.
“Mentiras, mentiras, gobierno de mentiras” fue una de las consignas que corearon los manifestantes.
Por otra parte, el líder de la organización sindical Proyecto de Solidaridad UTIER, Luis Pedraza Leduc, sostuvo que la convocatoria al paro de hoy se amplió del reclamo original sobre el plan de salud de la unión, para incluir la seguridad de empleo de todos los empleados públicos.
Fuente: El Nuevo Día (30 de septiembre de 2009)
sábado, 26 de septiembre de 2009
En la mira eliminar 40 agencias
La administración de Luis Fortuño eliminará unas 40 agencias de las 134 que actualmente operan en el Gobierno para buscar ahorros adicionales que permitan balancear el presupuesto del Gobierno para el año 2013, como prometieron a las casas acreditadoras.
El recorte significaría una reducción del 30% en el tamaño del Gobierno, anunció ayer Carlos García, presidente de la Junta de Reconstrucción Económica y Fiscal (JREF).
Según García, con este plan el Gobierno se ahorraría un mínimo de $250 millones que junto a las economías proyectadas mediante la reducción del 15% en contratos de servicios externos y los $35 millones de ahorros en el Plan de Salud del Gobierno (PSG) les permitiría cerrar la brecha del déficit estructural.
De acuerdo con el análisis hecho por esta administración, el Gobierno opera con una brecha entre los gastos e ingresos recurrentes que supera los $3,000 millones.
Para sanjarla, la Legislatura aprobó una Ley de Emergencia Fiscal que dispone medidas de ingreso y recortes de gastos con la meta de recortar esos gastos en $2,000 para el 2011.
Como parte de esa ley, el Gobierno anunció ayer el despido de 16,970 empleados del sector público.
Estrategia complementaria
Pero esa estrategia habrá de ser complementada con la consolidación y eliminación propuesta.
A finales de la pasada sesión legislativa el Gobernador presentó un anteproyecto de ley que viabiliza los cambios propuestos.
Dicha reorganización, que es liderada en el Ejecutivo por un grupo que encabeza el secretario de Estado, Kenneth McClintock, contempla la simplificación y automatización de procesos que ayuden a mejorar los servicios al ciudadano, pero al mismo tiempo reducirá el número de empleados que serán necesarios para brindar esos servicios.
Hasta el momento, el Gobierno ha dejado saber que evalúa la consolidación de todas las procuradurías en una.
Precisamente ayer, ante el anuncio de cientos de despidos en la Oficina del Procurador del Envejeciente, la directora de Gerencia y Presupuesto (OGP), María Sánchez Bras, adelantó que los servicios que ofrecían esos trabajadores podrían ser brindados por otras agencias.
“Los fondos federales son para dar servicios no para mantener plazas abiertas”, indicó Sánchez Bras en conferencia de prensa.
De igual forma se ha anunciado que como parte de la reestructuración del sistema de otorgación de permisos en el Gobierno, se eliminaría la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE). También se evalúa una reestructuración en el Departamento de Agricultura.
A preguntas de los periodistas ayer, García no quiso comentar sobre cuántas plazas podrían eliminarse con esta estrategia.
“La reorganización gubernamental tiene de base reducir la duplicidad y los gastos operacionales”, dijo García.
Al insistirle, García ripostó que “yo quiero saber qué persona recibe 134 servicios” en clara referencia a las 134 agencias que operan en el Gobierno.
Fuente: El Nuevo Día (26 de septiembre de 2009)
Despido de 16,970 trabajadores
A partir del 6 de noviembre, 16,970 trabajadores saldrán del servicio público, en lo que representa la ola de despidos más grande que se haya dado en la historia del país.
La anticipada noticia vino acompañada de otro anuncio; el comienzo de una reorganización gubernamental que busca eliminar unas 40 agencias de las 134 que actualmente operan el gobierno.
No obstante, el presidente de la Junta de Reconstrucción Económica y Fiscal (JREF), Carlos García no pudo precisar cuántos puestos de trabajo quedarán eliminados mediante esa segunda estrategia.
El anuncio de los despidos había sido anticipado por meses, pero aún así causó ayer una gran conmoción.
audio
No se habló de otra cosa durante todo el día. En las agencias, los despedidos y sus compañeros se abrazaron y lloraron y los líderes sindicales reaccionaron airados y prometieron llevar a cabo una huelga general el 15 de octubre.
Mientras, el gobernador Luis Fortuño no compareció a la conferencia en que se hizo el anuncio, no tuvo apariciones públicas y su única reacción a los despidos se dio en un mensaje de varios minutos que difundieron los canales de televisión unas tres horas después del anuncio de las cesantías.
El peso de dar la mala nueva recayó sobre García y los otros miembros del JREF.
García apuntó que los despidos anunciados ayer serán últimos bajo la llamada Ley 7 de Emergencia Fiscal.
Mientras García hacía el anuncio flanqueado por los demás miembros del JREF, en los predios del Centro Gubernamental de Minillas varios contingentes de policías cerraban las entradas del complejo que dan acceso al BGF.
Al mismo tiempo, cientos de trabajadores piqueteaban en la plazoleta del Centro en contra de los despidos.
Según García, de no haber tomado la determinación la consecuencia hubiese sido un cierre del gobierno como el ocurrido en el 2006, lo que a su vez conllevaría la temida degradación de los bonos del Estado.
El problema, admitió el funcionario, es que a pesar de las reducciones de gastos ordenadas por Fortuño, en estos momentos la caja de efectivo de Hacienda proyecta un déficit de $178 millones para octubre, por lo que no tendrían dinero suficiente para pagar las obligaciones del gobierno.
Si no se tomaba una medida inmediata, dijo García, ese déficit ascendería a $765 millones para el final del año fiscal, lo que daría al traste con las proyecciones presentadas por el Gobierno a los bonistas.
A principios de año, la Legislatura aprobó una transacción para llevar al mercado $5,800 millones en bonos de Estado pagaderos con los ingresos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), que se suponía compensarían la brecha presupuestaria de este año, mientras se hacían los ajustes en presupuesto.
“Aun con los ingresos que han sido legislados, aun con el préstamo puente, con el dinero que hemos obtenido para poder pagar los gastos de este año, en octubre empezamos ya con una deficiencia de $178 millones”, dijo García.
El Gobierno estima que los despidos significarán un ahorro de $386 millones, que unido a los $813.30 millones proyectados mediante otras medidas ya encaminadas representan el 60% de la meta de $2,000 millones. El restante 40% provendrá de los ahorros por la reorganización de las agencias.
Despidos En blanco y negro
En concreto, García informó que el Gobierno despedirá 16,970 trabajadores de todas las agencias cobijadas por la Ley 7, principalmente en Educación, Transportación y Obras Públicas, Salud, Familia, Justicia y Policía.
De ese total, unos 13,000 personas terminarían sus labores para el 6 de noviembre. Para los restantes, que se estiman son conserjes del Departamento de Educación, los despidos serían efectivos en a partir de enero.
García dijo que el servicio de conserjes en Educación sería subcontratado por las regiones a compañías tipo cooperativas que se supone contraten al menos el 60% o 2,196 de los empleados cesanteados. Eso bajaría el número de despedidos en 14,774.
Ese número podría reducirse aún más, si 500 trabajadores son contratados por Hacienda -como se propone- para que colaboren con el esfuerzo de fiscalización y cobro de contribuciones.
De igual forma, el Gobierno prevé contratar empresas de cobro externas con la condición de que estas empleen otros 500 trabajadores desplazados. Estas compañías deberán recobrar las deudas las morosas con Hacienda, que según un estudio de la firma Bearing Point, asciende a $5,000 millones, pero de los cuales sólo $2,600 millones son recobrables. De todos esos supuestos ser correctos, el número final despedidos quedaría en 13,774.
Aunque se indicó que las cartas de cesantías serían entregadas ayer mismo a los trabajadores desplazados, este diario supo que en algunas agencias no las entregaron. Trascendió además que en otras agencias informaron los despidos verbalmente para luego dar las cartas.
Un final positivo
Sin embargo, García aseguró que con estas cesantías y los planes de desarrollo económico que anunciarán la próxima semana, la Junta de Planificación continúa confiada en que para el 2010 el crecimiento económico de la Isla se colocará en terreno positivo por primera vez desde el 2006, con un 0.7%.
Asimismo, indicó que el impacto de estas cesantías en el desempleo sería de 1.3%, lo que colocaría el desempleo en un 17.1%.
Fuente: El Nuevo Día (26 de septiembre de 2009)
sábado, 19 de septiembre de 2009
AAV: En educación, el cambio es hacia el pasado
Recuerdo claramente la última reunión que tuve como Gobernador en La Fortaleza con el equipo de funcionarios del Departamento de Educación federal encargados de Puerto Rico, el 5 de agosto de 2008 en la tarde. En diciembre de 2007 el Secretario Aragunde y yo habíamos viajado a Washington DC para firmar un nuevo acuerdo con el Departamento de Educación federal que reconocía los cambios positivos que se habían alcanzado y trazaba la ruta futura en la relación del Departamento de Educación de Puerto Rico con el gobierno federal. Ese acuerdo era la continuación de uno que se había firmado durante la gobernación de Sila Calderón y la dirección de Cesar Rey en octubre de 2004. Ese acuerdo de 2004 nos sacó de la lista negra de alto riesgo o high risk en la que habíamos caído como consecuencia de los años desafortunados de Víctor Fajardo. El acuerdo de 2007 era una reafirmación de que íbamos por la ruta del cambio verdadero.
La reunión de agosto era para que las autoridades federales nos dejaran saber por dónde andábamos en el cumplimiento de lo acordado en diciembre de 2007. En esa reunión la respuesta de los funcionarios federales fue de total satisfacción. El cambio positivo se veía.
Al otro día de la reunión, en una nota publicada por El Nuevo Día con el titular En Ley Educación, el resultado de la reunión se reseñaba de la siguiente manera:
"En los pasados dos años hemos visto progresos sorprendentes. Nuestro mensaje es: mantengan el curso y haciendo lo que han estado haciendo", dijo Phil Maestri, director de la Unidad de Evaluación de Riesgo del Departamento de Educación federal tras reunirse con el Primer Ejecutivo y el secretario de Educación, Rafael Aragunde.
Atrás quedaban los años de la debacle de Fajardo, que nos llevó a ser considerados como una jurisdicción de “alto riesgo” en el manejo de los fondos federales de educación. Aquella tarde en esa reunión confirmaba que todo el esfuerzo que habíamos realizado y los sacrificios habían valido la pena y que era obvio que habíamos hecho lo correcto y que ya no había vuelta atrás. Obviamente, me equivoqué.
Cuando hace unas semanas observé la debacle que vivimos con el inicio de clases comencé a preocuparme. Si esta administración no puede siquiera tener las escuelas mínimamente listas para el comienzo del curso escolar ni nombrar a los conserjes que hacen falta en momentos en que nos enfrentamos a una epidemia de salud cuyo principal antídoto es la higiene, ¿cómo andaría el manejo de los cientos de millones de dólares que recibe el Departamento de Educación en fondos federales? Esa preocupación se acrecentó cuando el Secretario Carlos Chardón dijo en una entrevista que en Puerto Rico no había política pública educativa porque todo lo mandaban los federales. Mi experiencia me dice que cuando un burócrata local se comienza a quejar de la burocracia federal es porque anda en problemas.
Hoy la preocupación trasciende consideraciones partidistas. La carta de Phil Maestri dirigida al Gobernador Luis Fortuño y el Secretario de Educación con fecha del 21 de agosto debe provocar que todos, sin distinción de partidos o visiones de país, nos movamos para cambiar el rumbo otra vez equivocado que lleva nuestro Departamento de Educación. En esa carta de 10 páginas se detallan fallas serias y atrasos en los que ha incurrido el Departamento de Educación bajo el binomio de Fortuño y Chardón para continuar la ruta trazada por mutuo acuerdo con las autoridades federales de educación.
A continuación, un resumen breve de sólo algunos de los serios señalamientos que se hacen en la carta:
1. La confirmación de que hay una seria preocupación por los traslados de personal realizados durante este año 2009. Específicamente, la carta hace referencia al traslado de 78 de los 89 “Assistant Superintendent”. En la carta se advierte sobre la preocupación de que con esos traslados, los Distritos Escolares se queden sin supervisión adecuada para el manejo de fondos y programas federales.
2. Preocupación de que el personal trasladado que se paga con fondos federales, ahora se dedique a labores estatales, lo cual sería ilegal. Menciona que el Departamento de Educación de Puerto Rico les informó que el personal trasladado será pagado con fondos estatales, pero nadie les ha corroborado dicha información. Esta situación me levanta a mí la siguiente interrogante de orden administrativo: ¿si tenemos una crisis presupuestaria estatal, qué sentido tiene que funcionarios que son pagados con fondos federales sean reasignados a posiciones estatales para su salario tenga que salir ahora de los fondos del Gobierno de Puerto Rico?
3. Atraso en los resultados de las pruebas de aprovechamiento académico.
4. Falta de notificación a los padres y madres antes de que comenzara el semestre en agosto sobre las opciones de escuela que tenían para sus hijos, violando de esta forma disposiciones de la ley federal de educación.
5. Preocupación de que por los recortes de personal y reubicaciones se incapacite al Departamento para manejar fondos federales, incluyendo los nuevos fondos del estímulo económico de la Administración Obama.
6. En seis de los ocho objetivos acordados en diciembre de 2007 para el área de educación especial, la carta concluye que el Gobierno de Puerto Rico está en incumplimiento.
7. Atraso en el suministro de información escolar bajo el programa EDfacts. La carta señala que Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos que ha fallado en presentar esta información. En el último año de mi administración nuestro desempeño en esta área nos colocaba entre las mejores 25 jurisdicciones de Estados Unidos. De los mejores al peor en sólo ocho meses es un gran paso en retroceso.
8. La carta expresa una seria preocupación sobre la legislación propuesta por el presente gobierno para crear la figura del auditor general debido a que no han sido informados sobre cómo este nuevo funcionario, que le va a responder a la Oficina de Presupuesto y Gerencia, va a impactar al Departamento de Educación. La comunicación llega al extremo de señalar que llevan semanas pidiendo que se les someta una traducción al inglés de la legislación y no la han recibido.
Estos son sólo algunos de los serios señalamientos contenidos en esta carta. La conclusión es clara: el cambio en el Departamento de Educación de Puerto Rico llegó para echar hacia atrás lo adelantado. En sus conclusiones, la carta indica lo siguiente, y copio textualmente en inglés, con énfasis a las partes que considero más importantes:
The Department (federal) takes very seriously PRDE´S recent set-backs and lack of progress in the specific areas described above and its lack of response to date to our numerous requests for written information, including our request for a written proposal addressing the serious impact of PRDE´s staffing changes.”
En palabras sencillas, lo ocurrido en los pasados ocho meses, el Departamento de Educación federal lo describe como un “retroceso” y una “falta de progreso”. Ante este lamentable cuadro, las posibles acciones del Departamento de Educación federal podrían tener consecuencias nefastas para nuestro sistema educativo.
Todo lo que logramos adelantar bajo la Gobernación de Sila Calderón y el liderato de Cesar Rey y bajo mi administración con Rafael Aragunde para recuperar la credibilidad de Puerto Rico y liberar el flujo de fondos federales, está a punto de perderse. La carta hace además, la siguiente advertencia:
Consequently, the Department is considering exercising the enforcement actions outlined in both the FFY 2009 special conditions and the 2007 Compliance Agreement, including but not limited to, reinstatement of high-risk status under 34 CFR 80.12.
Estamos a punto de regresar a la era de Víctor Fajardo, es decir a los niveles más pobres de administración pública en nuestro Departamento de Educación. En su carta a Fortuño y a Chardón el Departamento de Educación federal sólo le da 10 días al Gobierno de Puerto Rico para responder a estos serios señalamientos.
Todos debemos estar concientes de que regresar a la clasificación de “alto riesgo” es el equivalente a que el Departamento de Educación sea puesto en sindicatura. Nos tomó muchos años y esfuerzos salir de esa condición luego del desastre dejado por Víctor Fajardo. Evitar que vuelva a ocurrir tiene que ser una causa común de todos los que creemos en la educación como el principal medio de echar hacia adelante a Puerto Rico. Por eso, una vez más le propongo al Gobernador Luis Fortuño que constituyamos un grupo de trabajo conjunto con las personas que él designe y de su confianza y de las personas de mi administración que trabajaron estos asuntos y se ganaron la confianza de los funcionarios federales que monitorean a Puerto Rico para enfrentar este reto. Es momento de cambiar el curso equivocado que ha tomado el presente Departamento de Educación y remar juntos por le educación de nuestros estudiantes. El tiempo apremia.
(31 de agosto de 2009)
La reunión de agosto era para que las autoridades federales nos dejaran saber por dónde andábamos en el cumplimiento de lo acordado en diciembre de 2007. En esa reunión la respuesta de los funcionarios federales fue de total satisfacción. El cambio positivo se veía.
Al otro día de la reunión, en una nota publicada por El Nuevo Día con el titular En Ley Educación, el resultado de la reunión se reseñaba de la siguiente manera:
"En los pasados dos años hemos visto progresos sorprendentes. Nuestro mensaje es: mantengan el curso y haciendo lo que han estado haciendo", dijo Phil Maestri, director de la Unidad de Evaluación de Riesgo del Departamento de Educación federal tras reunirse con el Primer Ejecutivo y el secretario de Educación, Rafael Aragunde.
Atrás quedaban los años de la debacle de Fajardo, que nos llevó a ser considerados como una jurisdicción de “alto riesgo” en el manejo de los fondos federales de educación. Aquella tarde en esa reunión confirmaba que todo el esfuerzo que habíamos realizado y los sacrificios habían valido la pena y que era obvio que habíamos hecho lo correcto y que ya no había vuelta atrás. Obviamente, me equivoqué.
Cuando hace unas semanas observé la debacle que vivimos con el inicio de clases comencé a preocuparme. Si esta administración no puede siquiera tener las escuelas mínimamente listas para el comienzo del curso escolar ni nombrar a los conserjes que hacen falta en momentos en que nos enfrentamos a una epidemia de salud cuyo principal antídoto es la higiene, ¿cómo andaría el manejo de los cientos de millones de dólares que recibe el Departamento de Educación en fondos federales? Esa preocupación se acrecentó cuando el Secretario Carlos Chardón dijo en una entrevista que en Puerto Rico no había política pública educativa porque todo lo mandaban los federales. Mi experiencia me dice que cuando un burócrata local se comienza a quejar de la burocracia federal es porque anda en problemas.
Hoy la preocupación trasciende consideraciones partidistas. La carta de Phil Maestri dirigida al Gobernador Luis Fortuño y el Secretario de Educación con fecha del 21 de agosto debe provocar que todos, sin distinción de partidos o visiones de país, nos movamos para cambiar el rumbo otra vez equivocado que lleva nuestro Departamento de Educación. En esa carta de 10 páginas se detallan fallas serias y atrasos en los que ha incurrido el Departamento de Educación bajo el binomio de Fortuño y Chardón para continuar la ruta trazada por mutuo acuerdo con las autoridades federales de educación.
A continuación, un resumen breve de sólo algunos de los serios señalamientos que se hacen en la carta:
1. La confirmación de que hay una seria preocupación por los traslados de personal realizados durante este año 2009. Específicamente, la carta hace referencia al traslado de 78 de los 89 “Assistant Superintendent”. En la carta se advierte sobre la preocupación de que con esos traslados, los Distritos Escolares se queden sin supervisión adecuada para el manejo de fondos y programas federales.
2. Preocupación de que el personal trasladado que se paga con fondos federales, ahora se dedique a labores estatales, lo cual sería ilegal. Menciona que el Departamento de Educación de Puerto Rico les informó que el personal trasladado será pagado con fondos estatales, pero nadie les ha corroborado dicha información. Esta situación me levanta a mí la siguiente interrogante de orden administrativo: ¿si tenemos una crisis presupuestaria estatal, qué sentido tiene que funcionarios que son pagados con fondos federales sean reasignados a posiciones estatales para su salario tenga que salir ahora de los fondos del Gobierno de Puerto Rico?
3. Atraso en los resultados de las pruebas de aprovechamiento académico.
4. Falta de notificación a los padres y madres antes de que comenzara el semestre en agosto sobre las opciones de escuela que tenían para sus hijos, violando de esta forma disposiciones de la ley federal de educación.
5. Preocupación de que por los recortes de personal y reubicaciones se incapacite al Departamento para manejar fondos federales, incluyendo los nuevos fondos del estímulo económico de la Administración Obama.
6. En seis de los ocho objetivos acordados en diciembre de 2007 para el área de educación especial, la carta concluye que el Gobierno de Puerto Rico está en incumplimiento.
7. Atraso en el suministro de información escolar bajo el programa EDfacts. La carta señala que Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos que ha fallado en presentar esta información. En el último año de mi administración nuestro desempeño en esta área nos colocaba entre las mejores 25 jurisdicciones de Estados Unidos. De los mejores al peor en sólo ocho meses es un gran paso en retroceso.
8. La carta expresa una seria preocupación sobre la legislación propuesta por el presente gobierno para crear la figura del auditor general debido a que no han sido informados sobre cómo este nuevo funcionario, que le va a responder a la Oficina de Presupuesto y Gerencia, va a impactar al Departamento de Educación. La comunicación llega al extremo de señalar que llevan semanas pidiendo que se les someta una traducción al inglés de la legislación y no la han recibido.
Estos son sólo algunos de los serios señalamientos contenidos en esta carta. La conclusión es clara: el cambio en el Departamento de Educación de Puerto Rico llegó para echar hacia atrás lo adelantado. En sus conclusiones, la carta indica lo siguiente, y copio textualmente en inglés, con énfasis a las partes que considero más importantes:
The Department (federal) takes very seriously PRDE´S recent set-backs and lack of progress in the specific areas described above and its lack of response to date to our numerous requests for written information, including our request for a written proposal addressing the serious impact of PRDE´s staffing changes.”
En palabras sencillas, lo ocurrido en los pasados ocho meses, el Departamento de Educación federal lo describe como un “retroceso” y una “falta de progreso”. Ante este lamentable cuadro, las posibles acciones del Departamento de Educación federal podrían tener consecuencias nefastas para nuestro sistema educativo.
Todo lo que logramos adelantar bajo la Gobernación de Sila Calderón y el liderato de Cesar Rey y bajo mi administración con Rafael Aragunde para recuperar la credibilidad de Puerto Rico y liberar el flujo de fondos federales, está a punto de perderse. La carta hace además, la siguiente advertencia:
Consequently, the Department is considering exercising the enforcement actions outlined in both the FFY 2009 special conditions and the 2007 Compliance Agreement, including but not limited to, reinstatement of high-risk status under 34 CFR 80.12.
Estamos a punto de regresar a la era de Víctor Fajardo, es decir a los niveles más pobres de administración pública en nuestro Departamento de Educación. En su carta a Fortuño y a Chardón el Departamento de Educación federal sólo le da 10 días al Gobierno de Puerto Rico para responder a estos serios señalamientos.
Todos debemos estar concientes de que regresar a la clasificación de “alto riesgo” es el equivalente a que el Departamento de Educación sea puesto en sindicatura. Nos tomó muchos años y esfuerzos salir de esa condición luego del desastre dejado por Víctor Fajardo. Evitar que vuelva a ocurrir tiene que ser una causa común de todos los que creemos en la educación como el principal medio de echar hacia adelante a Puerto Rico. Por eso, una vez más le propongo al Gobernador Luis Fortuño que constituyamos un grupo de trabajo conjunto con las personas que él designe y de su confianza y de las personas de mi administración que trabajaron estos asuntos y se ganaron la confianza de los funcionarios federales que monitorean a Puerto Rico para enfrentar este reto. Es momento de cambiar el curso equivocado que ha tomado el presente Departamento de Educación y remar juntos por le educación de nuestros estudiantes. El tiempo apremia.
(31 de agosto de 2009)
MIRANDA MARIN: Exámenes confirmaron padece cáncer de páncreas
Caguas, Puerto Rico – La Oficina de Comunicaciones del Municipio Autónomo de Caguas (MAC) informó hoy que los exámenes médicos a los que se sometió el Alcalde William Miranda Marín esta semana, arrojaron un diagnóstico de cáncer.
El gastroenterólogo, doctor Ginés Martínez, médico de cabecera del Primer Ejecutivo municipal confirmó que el tumor se origina en el área del páncreas. Por recomendación del galeno, Miranda Marín viajará al MD Anderson en Houston donde será evaluado por una autoridad reconocida en el tratamiento de esta condición.
En declaraciones escritas, Miranda Marín afirmó que “enfrentaré este nuevo reto con el mismo optimismo, la misma voluntad que he tenido toda mi vida. Con el mismo aplomo y la misma fe en Dios. Estoy seguro que con el apoyo de mi familia, las oraciones y solidaridad de tantos buenos amigos y compañeros venceré esta situación y saldré de ella más fuerte y mejor persona.”
Dijo que “aprovecho para agradecer todas las muestras de cariño y buenos deseos que he recibido de tanta gente. Especialmente, de mis compueblanos cagüeños que se han desbordado en expresiones de aliento. Como la de un joven que me escribió en Facebook “Desde pequeño oigo tus mensajes, me enseñaste la teoría de la fortaleza de nuestros símbolos, ahora te toca enseñarme la práctica…¡Demuéstrame lo que es ser fuerte!” A él le digo que no lo voy a defraudar”. (Los símbolos de Caguas son el Roble, el Pitirre y el Moriviví).
Miranda Marín designó el jueves pasado como Alcalde Interino, al vicealcalde de la ciudad, Wilfredo Puig Pérez, mientras dure su tratamiento.
Este fin de semana, el Alcalde Miranda Marín trabaja en el Informe de Logros para el año 2008-2009 que su administración presentará a la Legislatura Municipal el próximo 13 de octubre del 2009.
Fuente: El Vocero (18 de septiembre de 2009)
Se reúne Héctor Ferrer con alcaldes populares
SAN JUAN- El presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, insistirá el lunes ante los alcaldes populares en que no es momento de candidaturas.
“La realidad es que todas las candidaturas, no es una nada más, todas las candidaturas van a votación o se escogen los candidatos del partido popular en marzo de 2012. Hoy eso es lo que establece la ley, así que falta muchísimo para todas las candidaturas”, sostuvo en entrevista radial (WKAQ).
Ferrer convocó a los 30 ejecutivos municipales a un encuentro al mediodía en la sede del PPD para, entre otros asuntos, dejarles claro que no es momento de hablar de candidaturas.
“Yo creo que nos debemos concentrar... en aspirar a ser el partido de todo Puerto Rico”, manifestó el líder popular.
Según informes de prensa, Ferrer tendrá que enfrentar este lunes a alcaldes que entienden que ya es momento de definir la candidatura a la gobernación.
Cuando se le cuestionó al presidente del PPD si es cierto que 20 ejecutivos municipales populares apoyan al alcalde William Miranda Marín para la candidatura a la gobernación, contestó: “yo no estoy para contar alcaldes o contar legisladores, yo estoy para presidir un partido en este momento y ponerlo a ganar las elecciones de 2012 y hacia eso es que estoy trabajando”.
Fuente: El Vocero (14 de septiembre de 2009)
“La realidad es que todas las candidaturas, no es una nada más, todas las candidaturas van a votación o se escogen los candidatos del partido popular en marzo de 2012. Hoy eso es lo que establece la ley, así que falta muchísimo para todas las candidaturas”, sostuvo en entrevista radial (WKAQ).
Ferrer convocó a los 30 ejecutivos municipales a un encuentro al mediodía en la sede del PPD para, entre otros asuntos, dejarles claro que no es momento de hablar de candidaturas.
“Yo creo que nos debemos concentrar... en aspirar a ser el partido de todo Puerto Rico”, manifestó el líder popular.
Según informes de prensa, Ferrer tendrá que enfrentar este lunes a alcaldes que entienden que ya es momento de definir la candidatura a la gobernación.
Cuando se le cuestionó al presidente del PPD si es cierto que 20 ejecutivos municipales populares apoyan al alcalde William Miranda Marín para la candidatura a la gobernación, contestó: “yo no estoy para contar alcaldes o contar legisladores, yo estoy para presidir un partido en este momento y ponerlo a ganar las elecciones de 2012 y hacia eso es que estoy trabajando”.
Fuente: El Vocero (14 de septiembre de 2009)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
