Despido de 16,970 trabajadores

A partir del 6 de noviembre, 16,970 trabajadores saldrán del servicio público, en lo que representa la ola de despidos más grande que se haya dado en la historia del país.

La anticipada noticia vino acompañada de otro anuncio; el comienzo de una reorganización gubernamental que busca eliminar unas 40 agencias de las 134 que actualmente operan el gobierno.

No obstante, el presidente de la Junta de Reconstrucción Económica y Fiscal (JREF), Carlos García no pudo precisar cuántos puestos de trabajo quedarán eliminados mediante esa segunda estrategia.

El anuncio de los despidos había sido anticipado por meses, pero aún así causó ayer una gran conmoción.
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No se habló de otra cosa durante todo el día. En las agencias, los despedidos y sus compañeros se abrazaron y lloraron y los líderes sindicales reaccionaron airados y prometieron llevar a cabo una huelga general el 15 de octubre.

Mientras, el gobernador Luis Fortuño no compareció a la conferencia en que se hizo el anuncio, no tuvo apariciones públicas y su única reacción a los despidos se dio en un mensaje de varios minutos que difundieron los canales de televisión unas tres horas después del anuncio de las cesantías.

El peso de dar la mala nueva recayó sobre García y los otros miembros del JREF.

García apuntó que los despidos anunciados ayer serán últimos bajo la llamada Ley 7 de Emergencia Fiscal.

Mientras García hacía el anuncio flanqueado por los demás miembros del JREF, en los predios del Centro Gubernamental de Minillas varios contingentes de policías cerraban las entradas del complejo que dan acceso al BGF.

Al mismo tiempo, cientos de trabajadores piqueteaban en la plazoleta del Centro en contra de los despidos.

Según García, de no haber tomado la determinación la consecuencia hubiese sido un cierre del gobierno como el ocurrido en el 2006, lo que a su vez conllevaría la temida degradación de los bonos del Estado.

El problema, admitió el funcionario, es que a pesar de las reducciones de gastos ordenadas por Fortuño, en estos momentos la caja de efectivo de Hacienda proyecta un déficit de $178 millones para octubre, por lo que no tendrían dinero suficiente para pagar las obligaciones del gobierno.

Si no se tomaba una medida inmediata, dijo García, ese déficit ascendería a $765 millones para el final del año fiscal, lo que daría al traste con las proyecciones presentadas por el Gobierno a los bonistas.

A principios de año, la Legislatura aprobó una transacción para llevar al mercado $5,800 millones en bonos de Estado pagaderos con los ingresos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), que se suponía compensarían la brecha presupuestaria de este año, mientras se hacían los ajustes en presupuesto.

“Aun con los ingresos que han sido legislados, aun con el préstamo puente, con el dinero que hemos obtenido para poder pagar los gastos de este año, en octubre empezamos ya con una deficiencia de $178 millones”, dijo García.

El Gobierno estima que los despidos significarán un ahorro de $386 millones, que unido a los $813.30 millones proyectados mediante otras medidas ya encaminadas representan el 60% de la meta de $2,000 millones. El restante 40% provendrá de los ahorros por la reorganización de las agencias.

Despidos En blanco y negro

En concreto, García informó que el Gobierno despedirá 16,970 trabajadores de todas las agencias cobijadas por la Ley 7, principalmente en Educación, Transportación y Obras Públicas, Salud, Familia, Justicia y Policía.

De ese total, unos 13,000 personas terminarían sus labores para el 6 de noviembre. Para los restantes, que se estiman son conserjes del Departamento de Educación, los despidos serían efectivos en a partir de enero.

García dijo que el servicio de conserjes en Educación sería subcontratado por las regiones a compañías tipo cooperativas que se supone contraten al menos el 60% o 2,196 de los empleados cesanteados. Eso bajaría el número de despedidos en 14,774.

Ese número podría reducirse aún más, si 500 trabajadores son contratados por Hacienda -como se propone- para que colaboren con el esfuerzo de fiscalización y cobro de contribuciones.

De igual forma, el Gobierno prevé contratar empresas de cobro externas con la condición de que estas empleen otros 500 trabajadores desplazados. Estas compañías deberán recobrar las deudas las morosas con Hacienda, que según un estudio de la firma Bearing Point, asciende a $5,000 millones, pero de los cuales sólo $2,600 millones son recobrables. De todos esos supuestos ser correctos, el número final despedidos quedaría en 13,774.

Aunque se indicó que las cartas de cesantías serían entregadas ayer mismo a los trabajadores desplazados, este diario supo que en algunas agencias no las entregaron. Trascendió además que en otras agencias informaron los despidos verbalmente para luego dar las cartas.

Un final positivo

Sin embargo, García aseguró que con estas cesantías y los planes de desarrollo económico que anunciarán la próxima semana, la Junta de Planificación continúa confiada en que para el 2010 el crecimiento económico de la Isla se colocará en terreno positivo por primera vez desde el 2006, con un 0.7%.

Asimismo, indicó que el impacto de estas cesantías en el desempleo sería de 1.3%, lo que colocaría el desempleo en un 17.1%.

Fuente: El Nuevo Día (26 de septiembre de 2009)