Titular de Justicia insulta a Luis Vega Ramos

El secretario de Justicia, Antonio Sagardía, perdió los estribos hoy en una audiencia de presupuesto y llamó “canalla, pichón de abogado y enano intelectual” al representante popular Luis Vega Ramos.

El incidente se produjo luego que el legislador interrogó al Secretario sobre los contratos de su ex socio Víctor A. Ramos con Justicia y los pagos al bufete Aldarondo, López, Bras.

La primera línea de preguntas fue sobre una información circulada hoy de que Sagardía apoyó la excarcelación de un convicto de asesinato que es representado por Ramos, tras alegarse la existencia de evidencia exculpatoria.

El Secretario fue protegido por el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Antonio Silva, y no contestó la pregunta.

Cuando Vega Ramos preguntó sobre el bufete Aldarondo, López, Bras, fue cuando Sagardía estalló en ira.

“Lo que haga el bufete Aldarondo, Lopez , Bras, no es problema suyo, es problema mío”, dijo Sagardía a Vega Ramos. Este le ripostó que “es problema mío porque se paga con fondos públicos”.

Ahí comenzó un violento intercambio en el que el Secretario le gritaba a Vega Ramos “no me alce la voz, no me señale con el dedo”.

“Usted es un canalla….pichón de abogado… enano intelectual… usted no me llega ni a los talones”, gritaba Sagardía a Vega Ramos mientras este le gritaba “irrespetuoso” y pedía a Silva que ordenara al deponente contestar.
Fuera de sala el Secretario reclamó que actuó de esa forma para defender el Departamento.

“No le voy a permitir a nadie, no importa el puesto que ocupe, que haga insinuaciones al Departamento de Justicia. Los inuendos para mi son cobardía”, dijo

Aseguró que defenderá el Departamento con “garras y dientes” e insistió en que no hubo nada irregular en la intervención de Justicia en el mencionado caso.

Fuente: Primera Hora (13 de mayo de 2009)

Se avecinan despidos y recortes municipales

A LOS 30,000 empleados del Gobierno central que serían despedidos se podrían sumar los trabajadores municipales de decenas de municipios que verán reducida la partida que anualmente reciben del Fondo General.

De acuerdo con el representante popular Jaime Perelló, la Ley 7 -el estatuto que contiene el plan de retiro incentivado, la reducción de jornada voluntaria y los despidos- reduce en más de $25 millones la cantidad que reciben 40 municipios cuyos presupuestos dependen en menos de la mitad del Fondo General.

“A cualquier municipio que se vea afectado por esta nueva fórmula y que le resten $600,000 a su presupuesto puede significar que será necesario despedir alrededor de 20 a 25 empleados por municipio”, puntualizó Perelló.

Los pueblos que dependen en más de un 50% de esos fondos recibirán la misma cantidad otorgada en el año fiscal 2007-2008.

“Cuando (el gobernador Luis) Fortuño aprueba la Ley 7 establece una serie de mecanismos para levantar la economía a nivel nacional, pero se olvida que hay unas economías locales que han sobrevivido mejor que el Gobierno la crisis”, señaló Perelló en entrevista con El Nuevo Día.
El legislador agregó que, aunque hay municipios que recibirán lo mismo que lograron este año, tampoco se beneficiarán de los ingresos que obtendrá el Estado por concepto de impuestos a los cigarrillos y las bebidas alcohólicas.

Pero los cambios en las aportaciones del Fondo General no es lo único que afectará las finanzas municipales. Según Perelló, el estatuto cambia los procesos de tasación de la propiedad inmueble, impone restricciones para aumentar el porcentaje de la contribución por cuatro años y duplica lo que tienen que pagar los ciudadanos al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

“Al incrementarle al doble la responsabilidad contributiva de sus hogares va a propiciar que las personas, en vez de realizar el pago que normalmente realizaban con sacrificio, ahora opten por no realizar pago alguno”, explicó.

El representante también mostró preocupación por la moratoria de tres años en la concesión de créditos contributivos para la revitalización de centros urbanos.

“Esto va a provocar que aquellos inversionistas privados que tenían contemplado realizar inversiones sustanciales en los cascos urbanos ahora no las realicen, deteniendo la actividad económica que tanta falta hace para que despunte nuevamente la economía”, sostuvo.

No obstante, indicó que el presupuesto presentado por el Primer Ejecutivo contiene una partida de $26 millones para atender necesidades en los municipios.

“Es urgente que la Legislatura ponga nombra y apellido (a esas necesidades) de manera que

garanticemos que (ese dinero) sea utilizado para atender la merma en los subsidios que los municipios van a sufrir a tenor con ciertas disposiciones de la Ley 7”, indicó.

Fuente: El Nuevo Día (7 de mayo de 2009)

Luis Vega Ramos pone en jaque al Secretario de Hacienda

El representante Luis Vega Ramos fustigó a la administración de Luis Fortuño hoy al señalar que el presupuesto del próximo año fiscal contiene $507 millones en nuevos impuestos a la ciudadanía.

De acuerdo a Vega Ramos los nuevos impuestos fueron aprobados como parte de la Ley de Emergencia Fiscal, por lo que el gobernador Fortuño “violentó” las promesas de no meter la mano en el bolsillo a los consumidores.

“El que dijo que no iba a meter la mano al bolsillo, eso fue lo primero que hizo”, dijo Vega Ramos haciendo referencia a los ingresos que el gobierno recibirá por concepto del aumento en arbitrios a cigarrillos, bebidas alcohólicas, motocicletas, entre otros.

Según el representante estadolibrista de esos nuevos impuestos $371 millones afectará directamente a individuos a través del impuesto a la propiedad y la sobre tasa de 5% a individuos y la modificación de la contribución alterna mínima.

“El jefe suyo le dijo al país que no iba a imponer nuevas contribuciones”, dijo Vega Ramos en tono airado al secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, durante su turno de preguntas en la vista pública en torno al presupuesto.

Vega Ramos puso en aprietos a Puig cuando el legislador le abordó sobre los nuevos recaudos al tiempo que mezcló en la discusión la emisión de bonos Cofina que gestiona la administración de turno y el supuesto déficit de $3,233 millones consignado por el Ejecutivo.

“No hubiéramos podido cumplir”, señaló el titular de Hacienda al recordar los millones de dólares que se adeudaban a suplidores.

El presidente de la comisión de Hacienda en la Cámara baja, Antonio Silva, le lanzó un salvavidas a Puig cuando especificó que los impuestos vinculados a individuos no aplican a la clase media.
Dijo que la contribución alterna mínima y la sobre tasa a individuos aplica a contribuyentes que devengan $100,000 o más en ingresos y que el impuesto a la propiedad aplica a los dueños de residencias cuyo valor excede $250,000.

“Las otras contribuciones son a las cooperativas, a la banca internacional que no se les había impuesto antes”, subrayó Silva

Fuente: El Nuevo Día (4 de mayo de 2009)

AAV: Blog de Presupuesto

Saludos,

Gracias a todos los que de diversas formas, especialmente a través del Internet y Facebook, me han enviado mensajes con sus mejores deseos. Me encuentro muy bien, compartiendo con mi familia y mis amigos. Pero al igual que ustedes, estoy sumamente preocupado por la situación que atraviesa el país. El miércoles pasado estuve atento al Mensaje de Presupuesto del Gobernador.

Esa misma noche, por coincidencia, el Presidente Barack Obama celebró una conferencia de prensa en ocasión de sus 100 días desde que juramentó al cargo, la cual también vi por televisión. Obama habló con soltura y gran claridad sobre los retos que está enfrentando con creatividad, sin repartir culpas o rehuir responsabilidades.

Desde la gripe porcina, hasta la crisis de las automotrices americanas, las guerras en Irak y Afganistán y la crisis financiera. De todo habló Obama, con una agenda clara de cambio verdadero y con una gran sensibilidad ante las dificultades que está pasando el ciudadano promedio en los Estados Unidos. Su visión es muy clara: ante la crisis económica y la debilidad del sector privado, es la obligación del gobierno ampliar su marco de acción, inclusive interviniendo activamente en el sector privado y "poniendo a correr" el dinero en la economía para crear empleos.

Como muy bien sabes, los problemas presupuestarios de Puerto Rico se vienen arrastrando desde hace muchos años. A esos problemas se suma hoy una crisis económica mundial, de proporciones mayores, que está afectando el sector privado severamente.Desde el primer momento que asumí el cargo como Gobernador en enero de 2005 enfrenté nuestras dificultades presupuestarias y económicas diciéndote la verdad y recabando el apoyo de la Asamblea Legislativa del PNP. Lo que pasó tu lo conoces y lo recuerdas muy bien.

Este no es el momento para revivir esos cuatro años en los cuales no se aprobó ni uno sólo de los proyectos de ley que presenté para remediar el déficit estructural y consolidar agencias de gobierno. Ni uno solo.Ahora, sí quiero comentar sobre el alegado déficit de $3,233 millones que el Gobernador insiste existe hoy. Esa información es incorrecta y peligrosa porque lleva a decisiones malas para el país como el despido de miles de empleados públicos en momentos donde la economía no tiene como ocuparlos.

Cuando presentamos el último presupuesto hace un año le informamos a la Legislatura PNP y al país que hacían falta $1,000 millones para balancear ese presupuesto. Propusimos la concesión de la Lotería y una transacción con las deudas morosas de los contribuyentes con Hacienda. La concesión de la Lotería, cuando la propusimos hace un año, se estimaba que podía producir cerca de $3,000 millones al país, de los cuales proponíamos utilizar $500 millones para este presupuesto y reservar los otros $2,500 millones para atender situaciones futuras. Se estimaba que la transacción con las deudas morosas de Hacienda iba a producir $500 millones, para totalizar los $1,000 millones que eran necesarios para atender el déficit. Eso fue lo que propusimos.

La Legislatura del PNP, con Luis Fortuño como presidente de su conferencia legislativa, rechazó la concesión de la Lotería y estimaron por su cuenta que la transacción de las deudas morosas de Hacienda produciría $1,000 millones. Les advertimos que eso era un error, pero constitucionalmente le correspondía a ellos legislar. Si hubieran aprobado la concesión de la Lotería que le propusimos, hoy tendrían una reserva de más de dos mil millones de dólares para enfrentar la presente situación presupuestaria sin tener que recurrir a más prestamos y al despido de empleados públicos.Además, al momento de aprobar el presupuesto, le dijimos a la Legislatura PNP que se iban a necesitar unos $400 millones adicionales para completar el presupuesto de la tarjeta de salud y ellos decidieron no hacer nada. Esos $400 millones también los incluyen en el alegado déficit. ¿Cómo llegan a los $3,233 millones? Además de los $1,000 millones originales que les anticipamos y sobre los cuales -repito- ellos no actuaron, y de la insuficiencia de fondos para la tarjeta -que ellos también conocían y no actuaron- lo primero que hizo el nuevo gobierno fue legislar para que un 1% adicional del IVU pasara al nuevo Fondo de Estabilización Presupuestaria (el fondo que ahora van a usar para despedir a miles de empleados públicos). Lo que no te explicaron es que eso agrava la crisis a corto plazo del gobierno central porque significa quitarle alrededor de $200 millones anuales al Fondo General. En palabras sencillas: al legislar de esa forma, ellos agravaron el déficit estructural en $200 millones anuales, pero para engañarte lo suman al déficit alegadamente heredado.Y toda la campaña de crisis y debacle que han desatado ha tenido el efecto de que los recaudos del gobierno, incluyendo el IVU, se hayan caído durante este año, agravando más aún la situación.

Mientras más repitan que van a despedir a miles de empleados público, más aumenta el pesimismo en el consumidor, afectando directamente al sector privado y reduciendo los recaudos de Hacienda. Ya en marzo de este año el desempleo alcanzó el nivel de más de 14%, algo que no veíamos hace muchos años en Puerto Rico.Pero aún hay más. En el presupuesto que presenté el año pasado se incluyó un pago de $175 millones en la emisión de bonos para mejoras permanentes, para pagar líneas de crédito de obras de infraestructura de los pasados años, que se le debían al Banco Gubernamental de Fomento. Estamos hablando de deudas que se arrastraban de gobiernos anteriores y que había que pagar, no de gastos operacionales, sino de los fondos que generan las emisiones de bonos para obras de construcción. ¿Qué hizo la Legislatura PNP? No lo aprobó. Pero el colmo es que ahora el gobierno incluye esa cifra como nuevo déficit. Primero, eso no es un déficit porque no es de gastos operacionales, es deuda de mejoras permanentes que se paga con emisiones de bonos para mejoras permanentes. Segundo y peor aún, esa deuda ya no existiría si la Legislatura PNP hubiese aprobado lo que les propuse el año pasado.Además, en ese cálculo de $3,233 millones ellos han incluido deudas que tienen planes de pago de varios años, y las acumulan y las engloban como si se tuvieran que pagar este año, para aumentar el déficit artificialmente. Eso es como si el préstamo de tu carro, para el cual pagas mensualmente una cantidad y te faltan 3 años para pagarlos, alguien te dijera de momento que lo pagues completo el mes que viene.El número de ellos incluye también partidas que se refieren a transacciones financieras que no son deudas y que no gravan el fondo general del gobierno. Nada de eso es necesario, ni es real.

Como puedes ver, ese déficit de $3,233 millones es más un cálculo político que un cálculo presupuestario. Si alguien, por razones filosóficas y de visión de país, quiere despedir 30 mil empleados públicos, que lo diga de frente. En mis cuatro años como gobernador, desde el primer día enfrenté los retos presupuestarios con la verdad, sin justificar mis acciones por las decisiones de alguien en el pasado, a pesar de la obstrucción de la Legislatura PNP y con un aumento en los precios mundiales del petróleo nunca antes visto (el barril de petróleo estuvo a $145 en el verano pasado y hoy ronda sólo los $50). Lamentablemente, esta administración no ha sabido capitalizar esa reducción en el precio del petróleo para crear optimismo en el consumidor y en la economía.Despedir empleados en momentos donde el sector privado se está contrayendo es un contrasentido. Niveles de desempleo de cerca de 15%, Puerto Rico no los ha vivido desde hace más de 20 años. Eso es lo que debemos evitar a toda costa. Los fondos que vamos a recibir de la administración de Obama, en gran medida se van a neutralizar ante los recortes brutales en el presupuesto que están recomendando aquí. Con el control del Ejecutivo y el Legislativo en las manos de un mismo partido, debería ser posible elaborar alternativas que reduzcan la nomina gubernamental a través de retiros tempranos e incentivados y congelación de plazas, sin tener que despedir a miles empleados públicos. Sin la colaboración de la legislatura, en los pasados 4 años logramos reducir el número de empleados públicos en el gobierno central en cerca de 17 mil, sin tener que despedir a nadie. ¿Imagínense cuanto sería posible lograr con el apoyo legislativo?Mientras fui gobernador enfrenté grandes retos. Tuvimos aciertos y se cometieron errores. Pero la visión del rol del gobierno en la economía siempre la tuve clara. La necesidad de proteger los empleos fue y debería ser esencial. Todos los retos que tuvimos los enfrenté con un norte bien claro: los trabajadores, los empleados públicos, no podían perder su empleo por errores de otros. Ese norte evidentemente ha cambiado.

Atentamente,

Aníbal

Llegarían a 45 mil los despedidos según presidente PPD

De acuerdo con la matemática que hizo el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, el presupuesto que presentó el gobernador Luis Fortuño lo llevará a despedir no 30,000 sino 45,000 empleados públicos.Ferrer reiteró además que el presupuesto presentado por el Ejecutivo es en realidad de $10,170 millones, lo que representaría un aumento al compararlo con el del actual año fiscal.

Insistió en que, dentro del presupuesto, Fortuño separó $1,500 millones que serán repartidos desde el Ejecutivo sin la intervención de la Legislatura.

En una conferencia de prensa ayer, Ferrer explicó que la propuesta del Gobernador es reducir $1,133 millones de la nómina gubernamental. El cálculo, es que cada empleado dejará de ganar $25,000, incluyendo beneficios. Esto, representa un total de 45,320 empleados que serán despedidos, de acuerdo con Ferrer.

Junto a varios legisladores del PPD, Ferrer buscó desmentir señalamientos de Fortuño, quien dijo ayer que las medidas de recortes responden en parte a aumentos en la nómina bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá.Mostró una certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que detalla una reducción en la nómina entre 2008 y 2010.“El año pasado no hubo 64,000 transacciones de nómina como dijo el Gobernador. Eso lo certificó la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Las dos bases para toda la alegada crisis fiscal, que fueron la deuda y la inflación de la nómina – no son ciertas”, dijo Ferrer. “En la certificación de la deuda lo que hicieron fue incluir ocho partidas que nada tienen que ver con el pago del Fondo General”.

El portavoz de los populares en la Cámara explicó que el recorte de $1,700 millones anunciado por Fortuño se convirtió en un ‘super barril’ de $1,500 millones que ahora se repartirán desde OGP.

Ferrer no precisó qué partidas –a su entender– se pagarán con estos $1,500 millones. El dinero proviene principalmente de las transacciones bancarias, incluyendo préstamos, que se aprobaron a principios de la sesión legislativa.“Tienen dinero para mantener empleados públicos y no lo usan para eso. En vez de usar los fondos para pagar salarios de empleados públicos, los ponen en una partida que no pasa por la Asamblea Legislativa”, dijo Ferrer.

Fuente: El Vocero (1 de mayo de 2009)

PPD denuncia creación de superbarril

El Partido Popular Democrático (PPD) denunció hoy, jueves, que el dinero que el gobierno ahorrará en gastos operaciones y nómina en las diferentes agencias de gobierno se utilizarán para crear un superbarril cuyos fondos estarán a disposición del gobernador Luis Fortuño.

Según el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, en el presupuesto consolidado por agencias figuran asignaciones ascendentes a $1,505 millones que están bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

"Esa cantidad de dinero la tiene la Oficina de Gerencia y Presupuesto, no aparece en ninguna de las resoluciones conjuntas y ahí acaban de crear un superbarril a la disposición del Gobernador porque ese dinero no tiene que pasar por la Asamblea Legislativa para que... lo asigne", señaló en conferencia de prensa.

A su juicio, se le recortan unos $1,700 millones a todas las agencias, para crear un superbarril de unos $1,500 millones.

"Nosotros entendemos que él ha cogido los $2,500 millones que son de préstamos y los pasa, parte, a ese fondo para poder, durante el cuatrienio, utilizarlo a diestra y siniestra como él quiera", opinó.

El líder popular añadió que de un primer análisis del proyecto de presupuesto también se desprende que aumentará la cifra de empleados públicos a despedir.

"En la nómina hay una reducción de $1,133 millones, que es una reducción en la nómina, y si promediamos $25,000 en sueldo anuales (por trabajador), nos da a 45,320 empleados que van ser despedidos", sostuvo.

Reiteró que es "fatula" la certificación de que el déficit asciende $3,233, ya que incluyeron al menos ocho partidas que no se pagan del Fondo General.

Asimismo, insistió en que el presupuesto recomendado no es de $7,670 millones como se alega, sino de $10,170 millones, ya que lo está aprobando con $2,500 millones adicionales en préstamos.

"Es el presupuesto más alto en la historia del país. Ajustó los números del presupuesto para justificar los despidos de empleados públicos, presentó un presupuesto irreal para lograr su meta de botar 45,000 trabajadores", manifestó.

Fuente: Primera Hora (30 de abril de 2008)