Hora cero para los despidos

La Junta de Reconstrucción y Estabilización Fiscal (JREF) decidirá hoy cuántos servidores públicos perderán su empleo a partir del próximo año fiscal, una cifra que en principio puede ascender a 10,000 personas, incluyendo empleados transitorios, por contrato y regulares.

La cifra total de empleados cesanteados, que aún queda por consignarse, se revelará mañana, cuando se espera que el gobierno comience a enviar las cartas de cesantías a miles de empleados transitorios.

Mañana, La Fortaleza ofrecerá el detalle de las agencias que experimentarían los recortes de personal más importantes y a las cuales aplican las disposiciones de la Ley de Emergencia Fiscal, también conocida como la Ley 7.

De acuerdo al estatuto, las corporaciones públicas y una buena parte de las agencias vinculadas a la educación, seguridad pública o los llamados servicios esenciales están excluidos de los recortes.

Por ende, aunque el gobierno central y sus corporaciones emplean 213,500 personas (de acuerdo al presupuesto consolidado), el gobierno de turno tiene poco campo de acción para reducir la plantilla pública.

A juzgar por las disposiciones de la Ley 7, el universo de empleados donde se harían los recortes de personal representa aproximadamente una cuarta parte del total de empleados del gobierno central.

Cabe señalar que casi la mitad de los servidores públicos que decidieron acogerse a la renuncia voluntaria laboran para el Departamento de Educación -una de las agencias exentas bajo la Ley 7.

Aún así, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de la JREF, Carlos M. García, dijo ayer que están inclinados a aceptar las renuncias de esos servidores públicos.

Al presente, las fases I y III del plan de recortes le han significado ahorros al gobierno por $236 millones. Mientras, el gobierno espera lograr otros $500 millones en ahorros en gastos operacionales.

Como resultado, el gobierno tendría que hacer ajustes adicionales cercanos a $1,250 millones para alcanzar la meta de $2,000 millones en ahorros y zanjar parcialmente la brecha presupuestaria.

Si bien el gobierno no ha soltado prenda del número de servidores públicos que serían desplazados, lo cierto es que cerca de 10,000 personas dejarán de trabajar para el gobierno a partir de julio próximo.

Esa cifra incluye 2,585 personas que renunciaron de manera voluntaria durante la fase I del plan de recortes gubernamental. La fecha de efectividad de tales renuncias será mañana.

Mientras, otros 7,000 empleados transitorios abandonarían el gobierno cuando sus contratos no sean renovados después del 30 de junio, de acuerdo al secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Miguel Romero.

Desempleo a niveles récord

Irrespectivo del número que empleados desplazados, el recorte en la plantilla gubernamental tendrá el efecto de aumentar en dos o tres puntos porcentuales la tasa de desempleo en la Isla, indicó el economista José Alameda.

La cifra más reciente divulgada por el DTRH apunta a una tasa de desocupados de 14.7%, pero una vez se produzcan los despidos en el sector público, el indicador podría elevarse hasta 17%.

Alameda hizo la salvedad de que Puerto Rico tuvo una tasa de desempleo de 22% durante la década de 1980, pero señaló que más allá del indicador, la posibilidad de que estas personas se reinserten al mundo laboral es baja.

El sector privado no ha creado el número de empleos necesarios para la población. A manera de ejemplo, la empresa privada crea 18 puestos de trabajo por cada 1,000 habitantes, mientras que en Mississippi se crean unos 32 en igual relación.

Por su parte, la economista María Enchautegui argumentó que las cesantías harán más difícil la recuperación económica, pues muchos desplazados no podrán encontrar una oportunidad de empleo en el sector privado.

Señaló que la edad promedio de la mayoría de los servidores públicos es alta y que en el mercado laboral local es poco probable reemplearse después de los 50 años.

Fuente: El Nuevo Día (28 de mayo de 2009)

Un ‘fracaso’ primera fase de Ley 7

Como un “rotundo fracaso” calificó ayer, el liderato de la Coalición Sindical el plan de renuncias incentivadas implementado al amparo de la Ley 7 del 9 de marzo de 2009 que tiene como finalidad el despido de más de 30 mil servidores públicos del gobierno, a la vez, catalogaron como una mentira más del Gobernador su declaración de que el sector sindical no había presentado alternativas a la crisis fiscal del País, cuando la realidad fue que si le habían enviado en enero una paquete de medidas que tendrían el efecto de provocar un recaudo de aproximadamente $3,500 millones.

Por su parte, José Rodríguez Báez, líder de la Federación del Trabajo (FTPR-AFLCIO) expresó que “tras el informe que rindió la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ante la Legislatura, el plan de la administración del gobernador Luis Fortuño amparado en la Ley 7, resultó en un fracaso rotundo. Los trabajadores públicos han repudiado las propuestas que se hicieron relativas a las renuncias voluntarias incentivadas o a las de reducción de jornada.Aquí rechazamos y denunciamos que el Gobernador nuevamente le mintió a la prensa del País, y al pueblo puertorriqueño cuando dijo que el liderato sindical no le llevó alternativas”.El liderato sindical presentó ayer las medidas propuestas en enero al gobernador Luis Fortuño que recogen tres puntos fundamentales.Entre ellos, está el ampliar la moratoria a la llamada “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico de 2008”, que es otorgada a la industria de la manufactura y el turismo.

Segundo, fiscalizar para evitar la evasión contributiva, y fortalecer al Departamento de Hacienda para cobrar, al menos, el 50 por ciento de las deudas contributivas. Además, la imposición de una tasa fija de contribuciones de un 10 por ciento del ingreso neto a las empresas cobijadas bajo esa Ley.Según los líderes sindicales sus medidas provocarían un recaudo de aproximadamente $3,500 millones. Por su parte, Federico Torres Montalvo de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) indicó que “la declaración que el Gobernador ofreció de que él no tiene otra alternativa que no sea el despido porque nosotros no le ofrecimos medidas para evitarlos. Eso es una información falsa. Tenemos del copia del comunicado que se le envió en enero donde le entregamos tres propuestas para evitar los despidos”.

Torres Montalvo sostuvo que el problema del País no es el gasto, sino el recaudo. “Se recauda menos de lo que se necesita. El gasto es necesario para brindar un servicio de excelencia al Pueblo. La medida de despidos del Gobernador va a profundizar la crisis económica del País”, recalcó.

De otro lado, Juan Eliza, portavoz de “Change To Win” indicó que “nuestra misión es informar al Pueblo sobre el significado del fracaso de esa primera fase de la implementación de la Ley 7. Ellos (gobierno) terminaron en fracaso, mientras, nosotros con unas masivas actividades en todo el País, realizadas el 1 y 2 de mayo. Nuestra primera fase concluyó de manera exitosa.Fueron manifestaciones de repudio a esas imposiciones que perjudican el pueblo puertorriqueño”.

Eliza adelantó que la semana próxima anunciarán lo que será su próxima actividad donde demostrarán nuevamente el poder de convocatoria y movilización de todo el sector sindical del País.

Fuente: El Vocero (8 de mayo de 2009)

PPD denuncia creación de superbarril

El Partido Popular Democrático (PPD) denunció hoy, jueves, que el dinero que el gobierno ahorrará en gastos operaciones y nómina en las diferentes agencias de gobierno se utilizarán para crear un superbarril cuyos fondos estarán a disposición del gobernador Luis Fortuño.

Según el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, en el presupuesto consolidado por agencias figuran asignaciones ascendentes a $1,505 millones que están bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

"Esa cantidad de dinero la tiene la Oficina de Gerencia y Presupuesto, no aparece en ninguna de las resoluciones conjuntas y ahí acaban de crear un superbarril a la disposición del Gobernador porque ese dinero no tiene que pasar por la Asamblea Legislativa para que... lo asigne", señaló en conferencia de prensa.

A su juicio, se le recortan unos $1,700 millones a todas las agencias, para crear un superbarril de unos $1,500 millones.

"Nosotros entendemos que él ha cogido los $2,500 millones que son de préstamos y los pasa, parte, a ese fondo para poder, durante el cuatrienio, utilizarlo a diestra y siniestra como él quiera", opinó.

El líder popular añadió que de un primer análisis del proyecto de presupuesto también se desprende que aumentará la cifra de empleados públicos a despedir.

"En la nómina hay una reducción de $1,133 millones, que es una reducción en la nómina, y si promediamos $25,000 en sueldo anuales (por trabajador), nos da a 45,320 empleados que van ser despedidos", sostuvo.

Reiteró que es "fatula" la certificación de que el déficit asciende $3,233, ya que incluyeron al menos ocho partidas que no se pagan del Fondo General.

Asimismo, insistió en que el presupuesto recomendado no es de $7,670 millones como se alega, sino de $10,170 millones, ya que lo está aprobando con $2,500 millones adicionales en préstamos.

"Es el presupuesto más alto en la historia del país. Ajustó los números del presupuesto para justificar los despidos de empleados públicos, presentó un presupuesto irreal para lograr su meta de botar 45,000 trabajadores", manifestó.

Fuente: Primera Hora (30 de abril de 2008)