Con un llamado a redoblar esfuerzos en preparación para el paro general del 15 de octubre y continuar luchando a favor del plan médico de los jubilados, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, concluyó su mensaje a los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica fentre a La Fortaleza.
Varios miles de miembros de la UTIER y empleados despedidos de otras agencias marcharon antes del mediodía desde el parque Luis Muñoz Rivera hasta el Capitolio. Luego, la manifestación se trasladó hasta el Viejo San Juan, donde los líderes pronunciaron sus mensajes en la intersección de las calles Cristo y Fortaleza ante medidas reforzadas de seguridad.
No se reportó incidente alguno en la manifestación. El reclamo principal de los líderes de la UTIER es el cambio del plan de salud que se les ofrece a los jubilados del gremio, el cual contiene un alza sustancial en el costo de medicinas y un cargo de $250 por incluir al cónyuge.
“Fortuño es derrotable, y lo vamos a derrotar”, sostuvo Figueroa Jaramillo. Al final de la actividad, varias empleadas despedidas de la Oficina de Comunidades Especiales mostraron carteles con las fotos de sus hijos y reclamaron al gobernador Luis Fortuño por haberlas dejado sin el sustento de sus familias.
Antes de partir hacia Viejo San Juan, varios cientos de trabajadores, la mayoría con camisetas amarillas, escucharon mensajes de apoyo de líderes de otras uniones en la avenida Ponce de León.
“Auguro que Fortuño no durará los cuatro años en La Fortaleza, se va a tener que ir”, sostuvo el ex presidente de la UTIER, Ricardo Santos.
“Mentiras, mentiras, gobierno de mentiras” fue una de las consignas que corearon los manifestantes.
Por otra parte, el líder de la organización sindical Proyecto de Solidaridad UTIER, Luis Pedraza Leduc, sostuvo que la convocatoria al paro de hoy se amplió del reclamo original sobre el plan de salud de la unión, para incluir la seguridad de empleo de todos los empleados públicos.
Fuente: El Nuevo Día (30 de septiembre de 2009)
miércoles, 30 de septiembre de 2009
sábado, 26 de septiembre de 2009
En la mira eliminar 40 agencias
La administración de Luis Fortuño eliminará unas 40 agencias de las 134 que actualmente operan en el Gobierno para buscar ahorros adicionales que permitan balancear el presupuesto del Gobierno para el año 2013, como prometieron a las casas acreditadoras.
El recorte significaría una reducción del 30% en el tamaño del Gobierno, anunció ayer Carlos García, presidente de la Junta de Reconstrucción Económica y Fiscal (JREF).
Según García, con este plan el Gobierno se ahorraría un mínimo de $250 millones que junto a las economías proyectadas mediante la reducción del 15% en contratos de servicios externos y los $35 millones de ahorros en el Plan de Salud del Gobierno (PSG) les permitiría cerrar la brecha del déficit estructural.
De acuerdo con el análisis hecho por esta administración, el Gobierno opera con una brecha entre los gastos e ingresos recurrentes que supera los $3,000 millones.
Para sanjarla, la Legislatura aprobó una Ley de Emergencia Fiscal que dispone medidas de ingreso y recortes de gastos con la meta de recortar esos gastos en $2,000 para el 2011.
Como parte de esa ley, el Gobierno anunció ayer el despido de 16,970 empleados del sector público.
Estrategia complementaria
Pero esa estrategia habrá de ser complementada con la consolidación y eliminación propuesta.
A finales de la pasada sesión legislativa el Gobernador presentó un anteproyecto de ley que viabiliza los cambios propuestos.
Dicha reorganización, que es liderada en el Ejecutivo por un grupo que encabeza el secretario de Estado, Kenneth McClintock, contempla la simplificación y automatización de procesos que ayuden a mejorar los servicios al ciudadano, pero al mismo tiempo reducirá el número de empleados que serán necesarios para brindar esos servicios.
Hasta el momento, el Gobierno ha dejado saber que evalúa la consolidación de todas las procuradurías en una.
Precisamente ayer, ante el anuncio de cientos de despidos en la Oficina del Procurador del Envejeciente, la directora de Gerencia y Presupuesto (OGP), María Sánchez Bras, adelantó que los servicios que ofrecían esos trabajadores podrían ser brindados por otras agencias.
“Los fondos federales son para dar servicios no para mantener plazas abiertas”, indicó Sánchez Bras en conferencia de prensa.
De igual forma se ha anunciado que como parte de la reestructuración del sistema de otorgación de permisos en el Gobierno, se eliminaría la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE). También se evalúa una reestructuración en el Departamento de Agricultura.
A preguntas de los periodistas ayer, García no quiso comentar sobre cuántas plazas podrían eliminarse con esta estrategia.
“La reorganización gubernamental tiene de base reducir la duplicidad y los gastos operacionales”, dijo García.
Al insistirle, García ripostó que “yo quiero saber qué persona recibe 134 servicios” en clara referencia a las 134 agencias que operan en el Gobierno.
Fuente: El Nuevo Día (26 de septiembre de 2009)
Despido de 16,970 trabajadores
A partir del 6 de noviembre, 16,970 trabajadores saldrán del servicio público, en lo que representa la ola de despidos más grande que se haya dado en la historia del país.
La anticipada noticia vino acompañada de otro anuncio; el comienzo de una reorganización gubernamental que busca eliminar unas 40 agencias de las 134 que actualmente operan el gobierno.
No obstante, el presidente de la Junta de Reconstrucción Económica y Fiscal (JREF), Carlos García no pudo precisar cuántos puestos de trabajo quedarán eliminados mediante esa segunda estrategia.
El anuncio de los despidos había sido anticipado por meses, pero aún así causó ayer una gran conmoción.
audio
No se habló de otra cosa durante todo el día. En las agencias, los despedidos y sus compañeros se abrazaron y lloraron y los líderes sindicales reaccionaron airados y prometieron llevar a cabo una huelga general el 15 de octubre.
Mientras, el gobernador Luis Fortuño no compareció a la conferencia en que se hizo el anuncio, no tuvo apariciones públicas y su única reacción a los despidos se dio en un mensaje de varios minutos que difundieron los canales de televisión unas tres horas después del anuncio de las cesantías.
El peso de dar la mala nueva recayó sobre García y los otros miembros del JREF.
García apuntó que los despidos anunciados ayer serán últimos bajo la llamada Ley 7 de Emergencia Fiscal.
Mientras García hacía el anuncio flanqueado por los demás miembros del JREF, en los predios del Centro Gubernamental de Minillas varios contingentes de policías cerraban las entradas del complejo que dan acceso al BGF.
Al mismo tiempo, cientos de trabajadores piqueteaban en la plazoleta del Centro en contra de los despidos.
Según García, de no haber tomado la determinación la consecuencia hubiese sido un cierre del gobierno como el ocurrido en el 2006, lo que a su vez conllevaría la temida degradación de los bonos del Estado.
El problema, admitió el funcionario, es que a pesar de las reducciones de gastos ordenadas por Fortuño, en estos momentos la caja de efectivo de Hacienda proyecta un déficit de $178 millones para octubre, por lo que no tendrían dinero suficiente para pagar las obligaciones del gobierno.
Si no se tomaba una medida inmediata, dijo García, ese déficit ascendería a $765 millones para el final del año fiscal, lo que daría al traste con las proyecciones presentadas por el Gobierno a los bonistas.
A principios de año, la Legislatura aprobó una transacción para llevar al mercado $5,800 millones en bonos de Estado pagaderos con los ingresos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), que se suponía compensarían la brecha presupuestaria de este año, mientras se hacían los ajustes en presupuesto.
“Aun con los ingresos que han sido legislados, aun con el préstamo puente, con el dinero que hemos obtenido para poder pagar los gastos de este año, en octubre empezamos ya con una deficiencia de $178 millones”, dijo García.
El Gobierno estima que los despidos significarán un ahorro de $386 millones, que unido a los $813.30 millones proyectados mediante otras medidas ya encaminadas representan el 60% de la meta de $2,000 millones. El restante 40% provendrá de los ahorros por la reorganización de las agencias.
Despidos En blanco y negro
En concreto, García informó que el Gobierno despedirá 16,970 trabajadores de todas las agencias cobijadas por la Ley 7, principalmente en Educación, Transportación y Obras Públicas, Salud, Familia, Justicia y Policía.
De ese total, unos 13,000 personas terminarían sus labores para el 6 de noviembre. Para los restantes, que se estiman son conserjes del Departamento de Educación, los despidos serían efectivos en a partir de enero.
García dijo que el servicio de conserjes en Educación sería subcontratado por las regiones a compañías tipo cooperativas que se supone contraten al menos el 60% o 2,196 de los empleados cesanteados. Eso bajaría el número de despedidos en 14,774.
Ese número podría reducirse aún más, si 500 trabajadores son contratados por Hacienda -como se propone- para que colaboren con el esfuerzo de fiscalización y cobro de contribuciones.
De igual forma, el Gobierno prevé contratar empresas de cobro externas con la condición de que estas empleen otros 500 trabajadores desplazados. Estas compañías deberán recobrar las deudas las morosas con Hacienda, que según un estudio de la firma Bearing Point, asciende a $5,000 millones, pero de los cuales sólo $2,600 millones son recobrables. De todos esos supuestos ser correctos, el número final despedidos quedaría en 13,774.
Aunque se indicó que las cartas de cesantías serían entregadas ayer mismo a los trabajadores desplazados, este diario supo que en algunas agencias no las entregaron. Trascendió además que en otras agencias informaron los despidos verbalmente para luego dar las cartas.
Un final positivo
Sin embargo, García aseguró que con estas cesantías y los planes de desarrollo económico que anunciarán la próxima semana, la Junta de Planificación continúa confiada en que para el 2010 el crecimiento económico de la Isla se colocará en terreno positivo por primera vez desde el 2006, con un 0.7%.
Asimismo, indicó que el impacto de estas cesantías en el desempleo sería de 1.3%, lo que colocaría el desempleo en un 17.1%.
Fuente: El Nuevo Día (26 de septiembre de 2009)
sábado, 19 de septiembre de 2009
AAV: En educación, el cambio es hacia el pasado
Recuerdo claramente la última reunión que tuve como Gobernador en La Fortaleza con el equipo de funcionarios del Departamento de Educación federal encargados de Puerto Rico, el 5 de agosto de 2008 en la tarde. En diciembre de 2007 el Secretario Aragunde y yo habíamos viajado a Washington DC para firmar un nuevo acuerdo con el Departamento de Educación federal que reconocía los cambios positivos que se habían alcanzado y trazaba la ruta futura en la relación del Departamento de Educación de Puerto Rico con el gobierno federal. Ese acuerdo era la continuación de uno que se había firmado durante la gobernación de Sila Calderón y la dirección de Cesar Rey en octubre de 2004. Ese acuerdo de 2004 nos sacó de la lista negra de alto riesgo o high risk en la que habíamos caído como consecuencia de los años desafortunados de Víctor Fajardo. El acuerdo de 2007 era una reafirmación de que íbamos por la ruta del cambio verdadero.
La reunión de agosto era para que las autoridades federales nos dejaran saber por dónde andábamos en el cumplimiento de lo acordado en diciembre de 2007. En esa reunión la respuesta de los funcionarios federales fue de total satisfacción. El cambio positivo se veía.
Al otro día de la reunión, en una nota publicada por El Nuevo Día con el titular En Ley Educación, el resultado de la reunión se reseñaba de la siguiente manera:
"En los pasados dos años hemos visto progresos sorprendentes. Nuestro mensaje es: mantengan el curso y haciendo lo que han estado haciendo", dijo Phil Maestri, director de la Unidad de Evaluación de Riesgo del Departamento de Educación federal tras reunirse con el Primer Ejecutivo y el secretario de Educación, Rafael Aragunde.
Atrás quedaban los años de la debacle de Fajardo, que nos llevó a ser considerados como una jurisdicción de “alto riesgo” en el manejo de los fondos federales de educación. Aquella tarde en esa reunión confirmaba que todo el esfuerzo que habíamos realizado y los sacrificios habían valido la pena y que era obvio que habíamos hecho lo correcto y que ya no había vuelta atrás. Obviamente, me equivoqué.
Cuando hace unas semanas observé la debacle que vivimos con el inicio de clases comencé a preocuparme. Si esta administración no puede siquiera tener las escuelas mínimamente listas para el comienzo del curso escolar ni nombrar a los conserjes que hacen falta en momentos en que nos enfrentamos a una epidemia de salud cuyo principal antídoto es la higiene, ¿cómo andaría el manejo de los cientos de millones de dólares que recibe el Departamento de Educación en fondos federales? Esa preocupación se acrecentó cuando el Secretario Carlos Chardón dijo en una entrevista que en Puerto Rico no había política pública educativa porque todo lo mandaban los federales. Mi experiencia me dice que cuando un burócrata local se comienza a quejar de la burocracia federal es porque anda en problemas.
Hoy la preocupación trasciende consideraciones partidistas. La carta de Phil Maestri dirigida al Gobernador Luis Fortuño y el Secretario de Educación con fecha del 21 de agosto debe provocar que todos, sin distinción de partidos o visiones de país, nos movamos para cambiar el rumbo otra vez equivocado que lleva nuestro Departamento de Educación. En esa carta de 10 páginas se detallan fallas serias y atrasos en los que ha incurrido el Departamento de Educación bajo el binomio de Fortuño y Chardón para continuar la ruta trazada por mutuo acuerdo con las autoridades federales de educación.
A continuación, un resumen breve de sólo algunos de los serios señalamientos que se hacen en la carta:
1. La confirmación de que hay una seria preocupación por los traslados de personal realizados durante este año 2009. Específicamente, la carta hace referencia al traslado de 78 de los 89 “Assistant Superintendent”. En la carta se advierte sobre la preocupación de que con esos traslados, los Distritos Escolares se queden sin supervisión adecuada para el manejo de fondos y programas federales.
2. Preocupación de que el personal trasladado que se paga con fondos federales, ahora se dedique a labores estatales, lo cual sería ilegal. Menciona que el Departamento de Educación de Puerto Rico les informó que el personal trasladado será pagado con fondos estatales, pero nadie les ha corroborado dicha información. Esta situación me levanta a mí la siguiente interrogante de orden administrativo: ¿si tenemos una crisis presupuestaria estatal, qué sentido tiene que funcionarios que son pagados con fondos federales sean reasignados a posiciones estatales para su salario tenga que salir ahora de los fondos del Gobierno de Puerto Rico?
3. Atraso en los resultados de las pruebas de aprovechamiento académico.
4. Falta de notificación a los padres y madres antes de que comenzara el semestre en agosto sobre las opciones de escuela que tenían para sus hijos, violando de esta forma disposiciones de la ley federal de educación.
5. Preocupación de que por los recortes de personal y reubicaciones se incapacite al Departamento para manejar fondos federales, incluyendo los nuevos fondos del estímulo económico de la Administración Obama.
6. En seis de los ocho objetivos acordados en diciembre de 2007 para el área de educación especial, la carta concluye que el Gobierno de Puerto Rico está en incumplimiento.
7. Atraso en el suministro de información escolar bajo el programa EDfacts. La carta señala que Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos que ha fallado en presentar esta información. En el último año de mi administración nuestro desempeño en esta área nos colocaba entre las mejores 25 jurisdicciones de Estados Unidos. De los mejores al peor en sólo ocho meses es un gran paso en retroceso.
8. La carta expresa una seria preocupación sobre la legislación propuesta por el presente gobierno para crear la figura del auditor general debido a que no han sido informados sobre cómo este nuevo funcionario, que le va a responder a la Oficina de Presupuesto y Gerencia, va a impactar al Departamento de Educación. La comunicación llega al extremo de señalar que llevan semanas pidiendo que se les someta una traducción al inglés de la legislación y no la han recibido.
Estos son sólo algunos de los serios señalamientos contenidos en esta carta. La conclusión es clara: el cambio en el Departamento de Educación de Puerto Rico llegó para echar hacia atrás lo adelantado. En sus conclusiones, la carta indica lo siguiente, y copio textualmente en inglés, con énfasis a las partes que considero más importantes:
The Department (federal) takes very seriously PRDE´S recent set-backs and lack of progress in the specific areas described above and its lack of response to date to our numerous requests for written information, including our request for a written proposal addressing the serious impact of PRDE´s staffing changes.”
En palabras sencillas, lo ocurrido en los pasados ocho meses, el Departamento de Educación federal lo describe como un “retroceso” y una “falta de progreso”. Ante este lamentable cuadro, las posibles acciones del Departamento de Educación federal podrían tener consecuencias nefastas para nuestro sistema educativo.
Todo lo que logramos adelantar bajo la Gobernación de Sila Calderón y el liderato de Cesar Rey y bajo mi administración con Rafael Aragunde para recuperar la credibilidad de Puerto Rico y liberar el flujo de fondos federales, está a punto de perderse. La carta hace además, la siguiente advertencia:
Consequently, the Department is considering exercising the enforcement actions outlined in both the FFY 2009 special conditions and the 2007 Compliance Agreement, including but not limited to, reinstatement of high-risk status under 34 CFR 80.12.
Estamos a punto de regresar a la era de Víctor Fajardo, es decir a los niveles más pobres de administración pública en nuestro Departamento de Educación. En su carta a Fortuño y a Chardón el Departamento de Educación federal sólo le da 10 días al Gobierno de Puerto Rico para responder a estos serios señalamientos.
Todos debemos estar concientes de que regresar a la clasificación de “alto riesgo” es el equivalente a que el Departamento de Educación sea puesto en sindicatura. Nos tomó muchos años y esfuerzos salir de esa condición luego del desastre dejado por Víctor Fajardo. Evitar que vuelva a ocurrir tiene que ser una causa común de todos los que creemos en la educación como el principal medio de echar hacia adelante a Puerto Rico. Por eso, una vez más le propongo al Gobernador Luis Fortuño que constituyamos un grupo de trabajo conjunto con las personas que él designe y de su confianza y de las personas de mi administración que trabajaron estos asuntos y se ganaron la confianza de los funcionarios federales que monitorean a Puerto Rico para enfrentar este reto. Es momento de cambiar el curso equivocado que ha tomado el presente Departamento de Educación y remar juntos por le educación de nuestros estudiantes. El tiempo apremia.
(31 de agosto de 2009)
La reunión de agosto era para que las autoridades federales nos dejaran saber por dónde andábamos en el cumplimiento de lo acordado en diciembre de 2007. En esa reunión la respuesta de los funcionarios federales fue de total satisfacción. El cambio positivo se veía.
Al otro día de la reunión, en una nota publicada por El Nuevo Día con el titular En Ley Educación, el resultado de la reunión se reseñaba de la siguiente manera:
"En los pasados dos años hemos visto progresos sorprendentes. Nuestro mensaje es: mantengan el curso y haciendo lo que han estado haciendo", dijo Phil Maestri, director de la Unidad de Evaluación de Riesgo del Departamento de Educación federal tras reunirse con el Primer Ejecutivo y el secretario de Educación, Rafael Aragunde.
Atrás quedaban los años de la debacle de Fajardo, que nos llevó a ser considerados como una jurisdicción de “alto riesgo” en el manejo de los fondos federales de educación. Aquella tarde en esa reunión confirmaba que todo el esfuerzo que habíamos realizado y los sacrificios habían valido la pena y que era obvio que habíamos hecho lo correcto y que ya no había vuelta atrás. Obviamente, me equivoqué.
Cuando hace unas semanas observé la debacle que vivimos con el inicio de clases comencé a preocuparme. Si esta administración no puede siquiera tener las escuelas mínimamente listas para el comienzo del curso escolar ni nombrar a los conserjes que hacen falta en momentos en que nos enfrentamos a una epidemia de salud cuyo principal antídoto es la higiene, ¿cómo andaría el manejo de los cientos de millones de dólares que recibe el Departamento de Educación en fondos federales? Esa preocupación se acrecentó cuando el Secretario Carlos Chardón dijo en una entrevista que en Puerto Rico no había política pública educativa porque todo lo mandaban los federales. Mi experiencia me dice que cuando un burócrata local se comienza a quejar de la burocracia federal es porque anda en problemas.
Hoy la preocupación trasciende consideraciones partidistas. La carta de Phil Maestri dirigida al Gobernador Luis Fortuño y el Secretario de Educación con fecha del 21 de agosto debe provocar que todos, sin distinción de partidos o visiones de país, nos movamos para cambiar el rumbo otra vez equivocado que lleva nuestro Departamento de Educación. En esa carta de 10 páginas se detallan fallas serias y atrasos en los que ha incurrido el Departamento de Educación bajo el binomio de Fortuño y Chardón para continuar la ruta trazada por mutuo acuerdo con las autoridades federales de educación.
A continuación, un resumen breve de sólo algunos de los serios señalamientos que se hacen en la carta:
1. La confirmación de que hay una seria preocupación por los traslados de personal realizados durante este año 2009. Específicamente, la carta hace referencia al traslado de 78 de los 89 “Assistant Superintendent”. En la carta se advierte sobre la preocupación de que con esos traslados, los Distritos Escolares se queden sin supervisión adecuada para el manejo de fondos y programas federales.
2. Preocupación de que el personal trasladado que se paga con fondos federales, ahora se dedique a labores estatales, lo cual sería ilegal. Menciona que el Departamento de Educación de Puerto Rico les informó que el personal trasladado será pagado con fondos estatales, pero nadie les ha corroborado dicha información. Esta situación me levanta a mí la siguiente interrogante de orden administrativo: ¿si tenemos una crisis presupuestaria estatal, qué sentido tiene que funcionarios que son pagados con fondos federales sean reasignados a posiciones estatales para su salario tenga que salir ahora de los fondos del Gobierno de Puerto Rico?
3. Atraso en los resultados de las pruebas de aprovechamiento académico.
4. Falta de notificación a los padres y madres antes de que comenzara el semestre en agosto sobre las opciones de escuela que tenían para sus hijos, violando de esta forma disposiciones de la ley federal de educación.
5. Preocupación de que por los recortes de personal y reubicaciones se incapacite al Departamento para manejar fondos federales, incluyendo los nuevos fondos del estímulo económico de la Administración Obama.
6. En seis de los ocho objetivos acordados en diciembre de 2007 para el área de educación especial, la carta concluye que el Gobierno de Puerto Rico está en incumplimiento.
7. Atraso en el suministro de información escolar bajo el programa EDfacts. La carta señala que Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos que ha fallado en presentar esta información. En el último año de mi administración nuestro desempeño en esta área nos colocaba entre las mejores 25 jurisdicciones de Estados Unidos. De los mejores al peor en sólo ocho meses es un gran paso en retroceso.
8. La carta expresa una seria preocupación sobre la legislación propuesta por el presente gobierno para crear la figura del auditor general debido a que no han sido informados sobre cómo este nuevo funcionario, que le va a responder a la Oficina de Presupuesto y Gerencia, va a impactar al Departamento de Educación. La comunicación llega al extremo de señalar que llevan semanas pidiendo que se les someta una traducción al inglés de la legislación y no la han recibido.
Estos son sólo algunos de los serios señalamientos contenidos en esta carta. La conclusión es clara: el cambio en el Departamento de Educación de Puerto Rico llegó para echar hacia atrás lo adelantado. En sus conclusiones, la carta indica lo siguiente, y copio textualmente en inglés, con énfasis a las partes que considero más importantes:
The Department (federal) takes very seriously PRDE´S recent set-backs and lack of progress in the specific areas described above and its lack of response to date to our numerous requests for written information, including our request for a written proposal addressing the serious impact of PRDE´s staffing changes.”
En palabras sencillas, lo ocurrido en los pasados ocho meses, el Departamento de Educación federal lo describe como un “retroceso” y una “falta de progreso”. Ante este lamentable cuadro, las posibles acciones del Departamento de Educación federal podrían tener consecuencias nefastas para nuestro sistema educativo.
Todo lo que logramos adelantar bajo la Gobernación de Sila Calderón y el liderato de Cesar Rey y bajo mi administración con Rafael Aragunde para recuperar la credibilidad de Puerto Rico y liberar el flujo de fondos federales, está a punto de perderse. La carta hace además, la siguiente advertencia:
Consequently, the Department is considering exercising the enforcement actions outlined in both the FFY 2009 special conditions and the 2007 Compliance Agreement, including but not limited to, reinstatement of high-risk status under 34 CFR 80.12.
Estamos a punto de regresar a la era de Víctor Fajardo, es decir a los niveles más pobres de administración pública en nuestro Departamento de Educación. En su carta a Fortuño y a Chardón el Departamento de Educación federal sólo le da 10 días al Gobierno de Puerto Rico para responder a estos serios señalamientos.
Todos debemos estar concientes de que regresar a la clasificación de “alto riesgo” es el equivalente a que el Departamento de Educación sea puesto en sindicatura. Nos tomó muchos años y esfuerzos salir de esa condición luego del desastre dejado por Víctor Fajardo. Evitar que vuelva a ocurrir tiene que ser una causa común de todos los que creemos en la educación como el principal medio de echar hacia adelante a Puerto Rico. Por eso, una vez más le propongo al Gobernador Luis Fortuño que constituyamos un grupo de trabajo conjunto con las personas que él designe y de su confianza y de las personas de mi administración que trabajaron estos asuntos y se ganaron la confianza de los funcionarios federales que monitorean a Puerto Rico para enfrentar este reto. Es momento de cambiar el curso equivocado que ha tomado el presente Departamento de Educación y remar juntos por le educación de nuestros estudiantes. El tiempo apremia.
(31 de agosto de 2009)
MIRANDA MARIN: Exámenes confirmaron padece cáncer de páncreas
Caguas, Puerto Rico – La Oficina de Comunicaciones del Municipio Autónomo de Caguas (MAC) informó hoy que los exámenes médicos a los que se sometió el Alcalde William Miranda Marín esta semana, arrojaron un diagnóstico de cáncer.
El gastroenterólogo, doctor Ginés Martínez, médico de cabecera del Primer Ejecutivo municipal confirmó que el tumor se origina en el área del páncreas. Por recomendación del galeno, Miranda Marín viajará al MD Anderson en Houston donde será evaluado por una autoridad reconocida en el tratamiento de esta condición.
En declaraciones escritas, Miranda Marín afirmó que “enfrentaré este nuevo reto con el mismo optimismo, la misma voluntad que he tenido toda mi vida. Con el mismo aplomo y la misma fe en Dios. Estoy seguro que con el apoyo de mi familia, las oraciones y solidaridad de tantos buenos amigos y compañeros venceré esta situación y saldré de ella más fuerte y mejor persona.”
Dijo que “aprovecho para agradecer todas las muestras de cariño y buenos deseos que he recibido de tanta gente. Especialmente, de mis compueblanos cagüeños que se han desbordado en expresiones de aliento. Como la de un joven que me escribió en Facebook “Desde pequeño oigo tus mensajes, me enseñaste la teoría de la fortaleza de nuestros símbolos, ahora te toca enseñarme la práctica…¡Demuéstrame lo que es ser fuerte!” A él le digo que no lo voy a defraudar”. (Los símbolos de Caguas son el Roble, el Pitirre y el Moriviví).
Miranda Marín designó el jueves pasado como Alcalde Interino, al vicealcalde de la ciudad, Wilfredo Puig Pérez, mientras dure su tratamiento.
Este fin de semana, el Alcalde Miranda Marín trabaja en el Informe de Logros para el año 2008-2009 que su administración presentará a la Legislatura Municipal el próximo 13 de octubre del 2009.
Fuente: El Vocero (18 de septiembre de 2009)
Se reúne Héctor Ferrer con alcaldes populares
SAN JUAN- El presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, insistirá el lunes ante los alcaldes populares en que no es momento de candidaturas.
“La realidad es que todas las candidaturas, no es una nada más, todas las candidaturas van a votación o se escogen los candidatos del partido popular en marzo de 2012. Hoy eso es lo que establece la ley, así que falta muchísimo para todas las candidaturas”, sostuvo en entrevista radial (WKAQ).
Ferrer convocó a los 30 ejecutivos municipales a un encuentro al mediodía en la sede del PPD para, entre otros asuntos, dejarles claro que no es momento de hablar de candidaturas.
“Yo creo que nos debemos concentrar... en aspirar a ser el partido de todo Puerto Rico”, manifestó el líder popular.
Según informes de prensa, Ferrer tendrá que enfrentar este lunes a alcaldes que entienden que ya es momento de definir la candidatura a la gobernación.
Cuando se le cuestionó al presidente del PPD si es cierto que 20 ejecutivos municipales populares apoyan al alcalde William Miranda Marín para la candidatura a la gobernación, contestó: “yo no estoy para contar alcaldes o contar legisladores, yo estoy para presidir un partido en este momento y ponerlo a ganar las elecciones de 2012 y hacia eso es que estoy trabajando”.
Fuente: El Vocero (14 de septiembre de 2009)
“La realidad es que todas las candidaturas, no es una nada más, todas las candidaturas van a votación o se escogen los candidatos del partido popular en marzo de 2012. Hoy eso es lo que establece la ley, así que falta muchísimo para todas las candidaturas”, sostuvo en entrevista radial (WKAQ).
Ferrer convocó a los 30 ejecutivos municipales a un encuentro al mediodía en la sede del PPD para, entre otros asuntos, dejarles claro que no es momento de hablar de candidaturas.
“Yo creo que nos debemos concentrar... en aspirar a ser el partido de todo Puerto Rico”, manifestó el líder popular.
Según informes de prensa, Ferrer tendrá que enfrentar este lunes a alcaldes que entienden que ya es momento de definir la candidatura a la gobernación.
Cuando se le cuestionó al presidente del PPD si es cierto que 20 ejecutivos municipales populares apoyan al alcalde William Miranda Marín para la candidatura a la gobernación, contestó: “yo no estoy para contar alcaldes o contar legisladores, yo estoy para presidir un partido en este momento y ponerlo a ganar las elecciones de 2012 y hacia eso es que estoy trabajando”.
Fuente: El Vocero (14 de septiembre de 2009)
viernes, 14 de agosto de 2009
REFLEXION DE AAV: Sobre la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico
Hace un tiempo expresé que me reservaría cualquier juicio sobre la gestión del Gobernador Luis Fortuño hasta que pasara un año de su mandato. También señalé que le deseaba el mayor de los éxitos, porque de él dependía el bienestar del País. Hoy me reafirmo en esas expresiones.
Pero el momento que vive Puerto Rico como resultado de las acciones y/o inacciones de los pasados siete meses y medio, requiere que hagamos un alto, que meditemos y reflexionemos por el bien de todos. Al desasosiego y el pesimismo económico de los pasados meses, se suma en las últimas semanas una sensación de colapso en la gestión de seguridad, educativa y de salud. Momentos como este requieren del mayor desprendimiento patriótico de todos nosotros.
Es el momento de darle un voto de confianza al señor Gobernador y de todos hacerse disponibles para lo que él necesite de nosotros. A tres años y tres meses de una elección no es el momento de ventajerías ni de venganza política. Si el Gobernador no logra cambiar el rumbo ahora, la recuperación económica podría durar décadas. Si el Gobernador fracasa, perdemos todos. Pierden los que se quedan sin trabajo y sin esperanza de obtener un nuevo empleo pronto, pierde el bolsillo de todos porque la recuperación será más lejana y pierden nuestros niños y niñas que no recibirán una educación adecuada. Pierden los que no recibirán la atención de salud que se merecen y pierden las familias que se sienten inseguras hasta dentro de sus propios hogares.
Señor Gobernador, usted recibió un mandato claro e inequívoco de cambio, con control absoluto de la Cámara, el Senado, y la Comisaría Residente en Washington, así como de la mayoría de las alcaldías. Marque la ruta. Busque el consenso y marche hacia adelante.
Aníbal Acevedo Vilá
Pero el momento que vive Puerto Rico como resultado de las acciones y/o inacciones de los pasados siete meses y medio, requiere que hagamos un alto, que meditemos y reflexionemos por el bien de todos. Al desasosiego y el pesimismo económico de los pasados meses, se suma en las últimas semanas una sensación de colapso en la gestión de seguridad, educativa y de salud. Momentos como este requieren del mayor desprendimiento patriótico de todos nosotros.
Es el momento de darle un voto de confianza al señor Gobernador y de todos hacerse disponibles para lo que él necesite de nosotros. A tres años y tres meses de una elección no es el momento de ventajerías ni de venganza política. Si el Gobernador no logra cambiar el rumbo ahora, la recuperación económica podría durar décadas. Si el Gobernador fracasa, perdemos todos. Pierden los que se quedan sin trabajo y sin esperanza de obtener un nuevo empleo pronto, pierde el bolsillo de todos porque la recuperación será más lejana y pierden nuestros niños y niñas que no recibirán una educación adecuada. Pierden los que no recibirán la atención de salud que se merecen y pierden las familias que se sienten inseguras hasta dentro de sus propios hogares.
Señor Gobernador, usted recibió un mandato claro e inequívoco de cambio, con control absoluto de la Cámara, el Senado, y la Comisaría Residente en Washington, así como de la mayoría de las alcaldías. Marque la ruta. Busque el consenso y marche hacia adelante.
Aníbal Acevedo Vilá
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
